Una persona estaba sentada en la banqueta, temblando. Tenía una herida en el rostro, la ropa desgarrada y los ojos extraviados por el miedo. Quienes pasaban cerca no sabían si acercarse o no. Alguien, finalmente, llamó al 911. La patrulla llegó rápido. El personal policial descendió, y tras un vistazo, uno de ellos preguntó: “¿Está drogada?”. Nadie le ofreció una chamarra ni preguntó si necesitaba atención médica o psicológica. En pocos minutos fue subida a la unidad como si hubiese cometido un delito, sin que nadie preguntara qué le había ocurrido.
Este tipo de escenas no siempre son producto de la negligencia o la mala fe. En muchos casos, quienes integran los cuerpos de seguridad no saben cómo actuar frente a una víctima de violencia. Y es que, como en toda la sociedad, los prejuicios también están presentes en las instituciones. Pero si se trata de quienes representan al Estado, esa preparación debe ser parte de su formación, no una opción voluntaria.
El primer respondiente —quien atiende primero una emergencia: policías, Guardia Nacional o Fuerzas Armadas en tareas de seguridad— representa la primera cara del Estado. Su intervención puede marcar la diferencia entre salvar una vida o revictimizar a quien ya ha sufrido. Por eso, actuar con perspectiva de género no es un discurso bonito ni una recomendación aislada: es una herramienta concreta para brindar atención adecuada y humana.
El marco legal mexicano lo respalda con claridad. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia obliga a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta ley también reconoce la violencia institucional. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad y perspectiva de género. Estos principios también están respaldados por tratados como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW.
Aquí vale la pena hacer una pregunta profunda: como mujer, ¿cómo te gustaría que te trataran si estuvieras en una situación de violencia? Como hombre, ¿cómo esperarías que trataran a tu madre, a tu hija o a tu esposa si lo necesitaran? Y si se trata de una persona de la diversidad sexogenérica, ¿cómo asegurar que sea reconocida, respetada y atendida sin discriminación? Estas preguntas apelan a la empatía y colocan a cada persona frente al espejo de la dignidad humana.
Tener perspectiva de género implica escuchar antes de juzgar, contener antes de cuestionar y evitar preguntas que insinúen culpa. También significa entender que el miedo puede hacer que una persona dude o guarde silencio, y eso no invalida su testimonio.
En distintas regiones del país, se han creado unidades especializadas y se ha capacitado a personal policial para intervenir con enfoque diferenciado. Reciben formación en derechos humanos, crisis emocionales y lenguaje incluyente. Esto ha mejorado la confianza ciudadana, aumentado denuncias y elevado la calidad de la atención.
Pero estos esfuerzos aún son aislados. Hace falta llevar esta formación a todas las corporaciones, con protocolos claros y espacios donde se pueda desaprender lo aprendido desde la cultura institucional. También es fundamental que el personal policial, expuesto a situaciones de alto impacto, reciba acompañamiento emocional.
Actuar con perspectiva de género no debilita la autoridad. La fortalece. Una intervención empática y profesional no solo cuida a la víctima, también mejora la percepción ciudadana y el vínculo social.
No siempre se sabe cómo hacerlo. Pero sí se puede aprender. Estamos a tiempo de transformar la primera respuesta en una herramienta de justicia. Y no es solo tarea de las corporaciones: como sociedad, también debemos exigir respeto, proponer soluciones y reconocer lo que sí está funcionando.
Porque la seguridad se construye con justicia, empatía y compromiso. Y la justicia empieza cuando, desde el primer momento, se mira con humanidad a quien más lo necesita.
