Sólo un misógino negaría que las acciones afirmativas de paridad de género eran y son necesarias en un país como México. No puede haber un sistema político representativo y eficaz, cuando el 52% de la ciudadanía está marginada de la democracia. Durante décadas, una estructura política machista impidió a las mujeres alcanzar cargos de poder y representación. La paridad de género llegó para hacer fisuras en ese modelo. Al igual que en la familia o en la empresa, el Gobierno y la política habían sido controlados por los hombres exclusivamente. La aplicación de los criterios de paridad o de las mal llamadas “cuotas”, no sólo es entendible, sino deseable.
A pesar de la siempre lentitud de los cambios sociales, las reglas de acción afirmativa en favor de las mujeres rompieron los tabúes de la participación femenina en la esfera pública. Se comenzó por los cabildos, luego por los congresos, pasando por los partidos y concluyendo con los ejecutivos. Si trazáramos una línea recta, las mujeres avanzaron gradualmente de los puestos con menos influencia política a los cargos con mayor poder. En el camino nos topamos con simulaciones, “juanitas”, trampas y demás monerías que ilustraron la resistencia al cambio. No obstante, se mueve. Y las cosas cambiaron.
Hoy México no es un país en donde la política esté secuestrada por los hombres. Los datos son claros. Cámara de Diputados y de Senadores son paritarias. En Jalisco, hemos tenido ya tres legislaturas paritarias. E incluso, la legislatura anterior, con mayoría de mujeres (25). En nuestro Estado, una mujer gobierna la capital del Estado, otra es rectora de la Universidad de Guadalajara y una más preside el Congreso. Por si faltara más evidencia, la Presidenta de México es mujer. Me costaría entender que, más allá de pequeños grupúsculos, hay quien crea en alguna de las siguientes dos premisas: las mujeres no pueden llegar a puestos de poder y, dos, el votante es machista y no vota por la mujer. Si hablamos en términos puramente económicos, la oferta (las candidatas) y la demanda (los electores) se tocan sin grandes distorsiones.
Ante esta realidad, es posible decir que la apuesta por los criterios de paridad (en cualquiera de su geometría: horizontal, vertical o transversal) ha dado resultados. Hubo resistencias, más de los partidos que de la sociedad, pero hoy el camino para hombres y mujeres es mucho menos disparejo que hace 20, 30 o 40 años. La mujer se puede postular y gobernar, el votante no tiene ninguna reserva en sufragar por mujeres. Sheinbaum es la presidenta más votada de la historia (por encima de López Obrador o Calderón) y, en Jalisco, Verónica Delgadillo es la segunda candidata o candidato más votado en Guadalajara (después de Enrique Alfaro).
Por ello, deberíamos asumir que el camino que se necesitaba andar ya se anduvo. Se alcanzó aquello que se buscaba.
Frente a este éxito, me parece inexplicable que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) aprobara unos criterios que exceden -por mucho- la apuesta por la paridad. El IEPC no sólo se contentó con plantear pautas a los partidos políticos, sino que decidió que hay ciertos municipios (por ejemplo, Zapopan o Tonalá) que deben ser gobernados por una mujer. Se justifican diciendo que es porque nunca ha habido una mujer gobernando esos municipios en específico, pero esas valoraciones no son propias de un árbitro electoral.
Lo que debe preguntarse el IEPC es: ¿hay condiciones para que una mujer gobierne Zapopan? La respuesta es que sí; por lo tanto, el dedazo que impusieron es totalmente arbitrario. El IEPC no debería pensar en resultados, sino en procesos. La democracia debe garantizar igualdad de oportunidades, no obligar al elector o a los partidos a postular lo que el árbitro electoral quiere. A las y los consejeros no les compete por quién vote la gente, sino si el proceso es el adecuado para garantizar que mujeres y hombres puedan alcanzar el poder.
El IEPC olvida que un órgano electoral debe generar condiciones, pero no puede imponer qué género debe gobernar un municipio. Una cosa es fijar criterios y permitir que los partidos se muevan entre esos criterios postulando distintas alternativas al electorado, y otra, muy distinta, es resolver el género de una gobernante para un municipio.
De fondo, el IEPC está haciéndole un flaco favor a la paridad. Si las autoridades electorales comienzan a imponer géneros o creerse que están por encima del voto de la ciudadanía, comenzarán a romper el consenso que ha existido en México acerca de la importancia de construir canales competitivos para que la mujer participe. A nivel global, muchos discursos están alimentando el enfrentamiento entre géneros, e imposiciones que nadie respalda como las aprobadas por el IEPC pavimentan el camino a esas narrativas de enfrentamiento. Los consejeros electorales, los que votaron a favor, se extralimitaron y metieron a la batalla política unos criterios que deberían procesarse con consensos sociales amplios. Las mujeres ya gobiernan y ya están en el poder, las acciones afirmativas en favor de las mujeres sí funcionaron. Ir más allá sólo hace peligrar lo logrado. Si no lo creemos, veamos al norte del Río Bravo.
