Por fortuna es de carácter administrativo, no penal, la embestida de la Contraloría interna del INE contra Claudia Zavala y otros cinco consejeros y ex consejeros.
Ella teme, sin embargo, que la exhumación del caso responda a una estrategia de intimidación por parte del oficialismo a servidores públicos que gozan de las garantías de independencia y autonomía constitucional para ejercer su trabajo y tomar decisiones para garantizar derechos político-electorales de la ciudadanía.
Antier y anoche, en El Asalto… de MILENIO Tv, Zavala desmenuzó lo demencial del ataque porque se basa en una canallesca y polvorienta acusación basada en que el Consejo General del INE decidió hace casi cuatro años, el 17 de diciembre de 2021, por seis votos contra cinco y ante la insuficiencia de presupuesto para organizar una elección tan compleja como las federales, que el proceso de revocación de mandato se pospusiera mientras las instancias judiciales decidieran lo que procedía.
Quien levantó la acusación penal en la Fiscalía General de la República por “colusión y abuso de autoridad” más otra por “irregularidades administrativas” fue el morenista Sergio Gutiérrez Luna, ex presidente de la Cámara de Diputados.
El diputado reculó y pidió al Órgano Interno de Control del INE que se olvidara del procedimiento sancionador (“Es dable desistir de aquella queja de hace cuatro años que ya no tiene relevancia, lo que implicaría que ya no se continuara con el análisis o trámite de fondo de la queja en comento”), en carta al inquisidor contralor del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras.
Los perseguidos son los ex consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Roberto Ruiz, y los que siguen en funciones Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera.
“Para la revocación de mandato, la ley nos dijo que teníamos que hacer una elección con las mismas características que la de presidente de la República, porque es la otra cara de la misma moneda: elección y revocación. La Cámara de Diputados nos hizo un ajuste muy grande y, cuando el INE hizo el suyo, teníamos menos de mil 500 millones de pesos y se necesitaban más de tres mil. Seis consejeras y consejeros votamos por posponer temporalmente la continuidad de la revocación hasta que los tribunales definieran si el INE podía variar el modelo legal —si lo hacíamos nosotros incurríamos en responsabilidad—, o que ordenaran a la Cámara de Diputados que le diera dinero al INE”, explica la consejera que concluye su gestión en abril del año próximo. “Cumplimos con la consulta como nos ordenaron y organizamos esas elecciones como nos mandató la Suprema Corte: con lo que teníamos”.
El máximo tribunal resolvió que el INE tenía razón y le concedió la suspensión para que no se abriera un procedimiento penal o administrativo, y responsabilizó a la Cámara de Diputados de demeritar los derechos ciudadanos.
Para temblar de miedo: ahora, contra ese fallo, la Contraloría interna del INE acusa a los seis perseguidos de “abuso de funciones…”.
