La Fiscalía General de la República bajo la titularidad de Ernestina Godoy dice no tener que ver con el citatorio a la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, para que mañana, martes 16 de diciembre, comparezca en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente ante la jueza Diana Selene Medina Hernández.
El emplazamiento se basa en la ruin judicialización que inició la FGR en la gestión de Alejandro Gertz Manero, a partir de la canallesca petición del ex director de Pemex Octavio Romero (ahora director del Infonavit), para que se revoque la orden de pagarle a Casar su pensión de viudez por el fallecimiento de su marido, Carlos Fernando Márquez Padilla, hace 25 años (7 de octubre de 2004).
Con la señora fueron citados también dos ex funcionarios de la petrolera, pero la actual FGR pidió posponer la audiencia programada para “revisar la carpeta”.
Fue en mayo del año pasado cuando López Obrador inició la persecución político-policiaca de una de sus “adversarias” más odiadas.
En su libro ¡Gracias!, escribió que Casar, acompañada de Héctor Aguilar Camín, fue a pedirle al procurador capitalino, Bernardo Bátiz, asentar que el deceso fue accidental, que no fue un suicidio porque, según AMLO, esto impediría que la doctora pudiera cobrar la pensión, lo cual es legal y moralmente falso.
Hoy miembro del inquisitorial Tribunal de Disciplina Judicial, ex consejero de la Judicatura Federal, Bátiz declaró en 2024 “no recordar” lo que AMLO afirmaba.
Sin embargo, 20 años atrás decía que no se podía saber si fue accidente, suicidio, o resultado de “un desvanecimiento”, y que “nunca lo vamos a saber”.
La versión del suicidio aparece en un silvestre dictamen del MP en la demarcación Miguel Hidalgo:
“… de la declaración de los testigos no se desprende algún elemento de prueba para determinar que alguien hubiera participado en la muerte, ya que a ninguno de ellos les (sic) constaban los hechos, aunado al dictamen de peritos, se llegó al conocimiento (sic) que en los presentes hechos ninguna persona privó de la vida al ahora occiso, ya que él se quitó voluntariamente la vida…”.
Ah chingá, vaya conclusión.
¿Y si fue accidente?
El más consistente de los testimonios recabados fue de la asistente de Carlos Fernando, Victoria Martínez Ramírez, quien declaró que él acostumbraba encaramarse en una ventana cuando quería fumar:
“Desde el sitio que ocupa físicamente al laborar, se percataba de que su jefe tomaba asiento en el filo de la ventana de su oficina (piso 12), que siempre tenía abierta; se recargaba contra la estructura del inmueble y fumaba, y en otras ocasiones abría la ventana, se sujetaba con una mano de la ventana fija y se asomaba hacia abajo…”.
Aquel día en la Torre Pemex corrieron chismes por igual de que Carlos Fernando “saltó” (lo cual nadie vio) o que fue un “accidente”.
Como haya sido, María Amparo Casar tiene todo su derecho a la pensión que el abusivo y mezquino obradorato pretexta para perseguirla...
