El tabaco, al alcohol o el azúcar son los responsables de buena parte de los padecimientos clínicos en nuestro país. No es exagerado decir que vivimos una epidemia en el consumo de productos azucarados altamente procesados que afectan gravemente la salud de menores y mayores de edad. Frente a esta realidad, los impuestos son la mejor arma que tiene un Gobierno para cambiar el comportamiento nocivo de las personas. El impuesto desincentiva el consumo de ciertos productos nocivos para la salud y alienta, con menos carga fiscal, aquellos que no tienen efectos dañinos sobre el cuerpo. Si alguien tiene dudas, consulte el “efecto del precio del tabaco sobre el consumo: un análisis de datos agregados para México” de Rosa Itandehui Olivera-Chávez y colegas. Un incremento del 10% del costo de una cajetilla de cigarros (pasar de 60 a 66 pesos, por ejemplo), provoca una disminución de 2.5% en el tabaquismo. De 2000 a la fecha, el número de mexicanos que fuma pasó de 33 a 23 millones. La mayor parte de esa reducción fue entre 2005 y 2015 cuando hubo una deliberada política de cargar de impuestos a los cigarros.
En el caso de las bebidas con alto nivel calórico, con azúcares añadidos, la reducción ha sido menor. Desde 2014, la caída en el consumo de estas bebidas, gravadas ya con impuestos, es de 5%. El costo de los refrescos o bebidas energéticas no es -todavía- un desincentivo para su consumo. Hay que decir que el mercado ha generado pocas alternativas saludables. Tal vez, las bebidas light o cero son las más recurridas. Éstas últimas tienen efectos negativos si se abusa de ellas, pero es cierto que -por su impacto calórico- son mucho menos nocivas que las tradicionales azucaradas. Conclusión, en mayor o menor medida, los impuestos sí ayudan a condicionar comportamientos de consumo. Islandia o Canadá son países que tasan el alcohol y el tabaco muy por encima de la media internacional, y han visto resultados positivos tanto en el consumo como en la presión sobre su sistema de salud. Si se sabe utilizar, la palanca fiscal sí es efectiva.
Esto genera un debate interesante: en un país libre, ¿no tengo la libertad de consumir lo que se me venga en gana? ¿No soy dueño de mi cuerpo tanto en lo positivo como en los negativos? ¿Debería el Gobierno cobrarme más por tener algún consumo predilecto, sea azucares o tabaco?
Sí, mientras pagues los costos personales y en terceros de tus decisiones de consumo. Me considero un liberal y entiendo estos argumentos. No creo que la prohibición sea camino a nada. Ni en el tabaco, ni en el alcohol, ni en el azúcar o las drogas. Un ciudadano debe ser libre de consumir lo que considere adecuado; no obstante, el Gobierno, a través de sólida base científica y no de prejuicios, sí debe orientar qué es socialmente deseable y qué no lo es. No a través de mocherías o moralismos, sino a través de evidencia científica. Si el azúcar, el alcohol o el cigarro tienen efectos sobre la persona que los consume y sobre terceros (accidentes, violencia, atención médica, contaminación), el Gobierno está obligado a subir impuestos y contener esas externalidades negativas. Hasta aquí, no me escandaliza que Claudia Sheinbaum haya decidido subir el impuesto a las bebidas azucaradas, a las apuestas o al cigarro. No obstante, planteo dos objeciones.
La primera, todos los países avanzados (Canadá, Escandinavia, Francia o Japón), vinculan la recaudación al vicio con el sistema de salud. Todo lo recaudado va a hospitales, clínicas, centros de rehabilitación o incapacidades. A diferencia del caso mexicano, el impuesto sí está etiquetado para cumplir cierta función dentro del presupuesto.
La segunda, dentro de los incrementos, hay algunos que me parecen carentes de evidencia científica. ¿Por qué grabar los productos light? ¿No preferimos que si una persona va a consumir un refresco de cola opte por uno sin calorías que por uno que tenga más de doscientas? ¿Por qué ponerlos en el mismo saco? Al final, el Gobierno reculó y las bebidas light serán menos gravadas (1.5 pesos por litro) que las tradicionales con azúcares añadidos (3 pesos por litro), pero aún así se está elevando el costo de comprar bebidas sin calorías en un país con altísimos niveles de obesidad. Lo mismo sucede con el impuesto a los sueros orales. Al igual que las bebidas light o las hidratantes para deportistas, su exceso no es recomendable. No obstante, son mucho mejores que otras opciones del mercado. Y una buena parte de los sueros orales son utilizados por el sector salud. No veo cuál es el objetivo de desincentivar el consumo de un producto que tiene como principal objetivo la hidratación de una persona. Consumir cualquier cosa en exceso es malo, hasta si hablamos de manzanas o de brócoli.
La realidad es que el Gobierno de México necesita más lana. Esta semana el Fondo Monetario Internacional alertó a nuestro país sobre su déficit y el incremento de la deuda pública. López Obrador dejó al país con más del 50% de deuda del PIB y Sheinbaum ha tenido que remar en un país con cuentas públicas ajustadas. La verdadera reforma para aliviar las tensiones fiscales debería venir de que paguen más quien más tiene, que pague quien no paga y dejar de meterle las manos a la clase media cada que hay una urgencia recaudatoria. No hay base científica ni tampoco compromiso de gastar lo recaudado en el sistema de salud, eso significa que estos incrementos son recaudaciones encubiertas de impuestos al vicio. Como es común en este Gobierno, apelar a intereses nobles para aprobar medidas que afectan a la población.
