En este mes de noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, de acuerdo al artículo 127 de la Constitución del país, que dice en su parte medular: “ … ningún servidor público podrá percibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente” .
Lo dispuesto en ese artículo 127 constitucional afecta a los servidores públicos de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios, administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, organismos autónomos y cualquier otro ente público. La ley secundaria recién aprobada afecta a todos los funcionarios públicos federales, mientras que los funcionarios locales tendrán que esperar a que se expidan las respectivas leyes estatales.
El punto conflictivo de esta disposición es la descabellada auto imposición del Presidente electo de México a unos cuantos días de tomar posesión (algunos humoristas dicen que más bien será el antecedente a su primer informe), es el sueldo que se ha fijado que es la mitad del que le correspondería… poco más de cien mil pesos.
En realidad, las definiciones y sanciones de la nueva ley afectan desde ya a miles de servidores públicos y burócratas del país, no sólo a los de salarios más altos, puesto que se modificarán los tabuladores y diversas prestaciones como aguinaldos, estímulos, bonos, etcétera.
El Presidente electo estará sacrificando el estatus económico de miles de eficientes servidores públicos en aras de su programa de austeridad, la cual no debe aplicarse a todos sin distingo.
Lo que debió decidir el aludido es aceptar el sueldo como el más alto, y renunciar a la mitad de él destinando la otra parte a algún programa asistencial. De esa manera, él sólo tendría el “privilegio” de aplicar con su persona la pregonada austeridad, sin llevarse en la marejada a todo el universo burocrático.
En general, usar el salario del Presidente como tope máximo del tabulador salarial no es buena idea. En cierto sentido, la remuneración de un Presidente es simbólica. Podría no tener un salario, o ganar cincuenta mil pesos al mes, y de todos modos sería el funcionario público más poderoso del país, puesto que tiene a su disposición miles de plazas, el ejercicio de millones de pesos o el poder de iniciar o cancelar proyectos multimillonarios.
