La extorsión en México dejó de ser un delito silencioso para convertirse en una amenaza estructural contra la economía y contra la vida cotidiana de millones de personas.
Las cifras recientes de Coparmex son demoledoras: tan solo entre enero y septiembre de 2025, las empresas han perdido más de 21 mil millones de pesos por este delito.
Hablamos de recursos que podrían financiar miles de empleos formales, infraestructura productiva o programas de capacitación.
Si consideramos que un trabajador con dos salarios mínimos implica un costo aproximado de 17,000 pesos mensuales, el monto perdido equivale a más de 1.2 millones de meses de salario o, dicho de otro modo, más de 100 mil empleos anuales.
Ese es el tamaño del daño que el crimen impone a la economía mexicana.
La extorsión “mata negocios”, lo dice Coparmex con toda claridad. Miles de pequeñas y medianas empresas operan hoy bajo amenaza, pagando “derecho de piso” o enfrentando llamadas provenientes de reclusorios, desde donde proviene el 70% de los intentos de extorsión.
La cifra negra es de 97%: casi nadie denuncia por miedo o desconfianza, porque lo que menos quieren las víctimas es exponerse aún más.
En tal escenario, la aprobación de la Ley General de Extorsión, que retornará a la Cámara de Diputados para que sean avaladas las modificaciones que se realizaron en el Senado debería ser una buena noticia… pero no lo es del todo.
Y es que no hay presupuesto suficiente para aplicar la ley.
La Fiscalía Especializada en materia de secuestro —que absorbería los casos de extorsión— tiene solo 27.7 millones de pesos, prácticamente todo destinado a nómina, sin recursos para inteligencia, tecnología, vehículos, software o capacitación. Sin inversión, la ley será letra muerta.
La ENVIPE 2024 confirma que la extorsión va al alza, pasando de 5,213 a 5,971 delitos por cada 100 mil habitantes en un solo año. No es casualidad: la impunidad sigue arriba del 95%. Ahí está la raíz.
México necesita una ley firme, sí, pero sobre todo un Estado capaz de aplicarla.
Sin policías profesionales, sin fiscalías fortalecidas, sin cárceles libres de control criminal y sin recursos para la operación diaria, la extorsión seguirá creciendo.
Y mientras eso ocurre, seguimos pagando todos: empresas que cierran, empleos que no se crean, inversiones que se frenan y familias que viven con miedo.
