El descarrilamiento del Tren Interoceánico no fue un accidente imprevisible ni una fatalidad inevitable.
Fue la consecuencia directa de una forma de gobernar que privilegia la prisa política sobre la planeación técnica, la lealtad personal sobre la capacidad profesional y la impunidad sobre la rendición de cuentas.
Desde 2019, la Auditoría Superior de la Federación advirtió, en repetidas ocasiones, deficiencias graves en la planeación de la obra. No se corrigieron. Se ignoraron, a pesar de que hubo ya, con el de esta semana, seis accidentes.
Hoy, tras la pérdida de vidas humanas, el Estado promete investigaciones “con rigor científico”.
Sin embargo, la credibilidad de ese compromiso se diluye cuando, antes de que concluyan las indagatorias, el poder político ya decidió a quién no se puede investigar.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: no hay razones para investigar a los hijos del expresidente.
¡Por supuesto que no las hay! Pese a la existencia de audios, contratos documentados y declaraciones públicas del propio Andrés Manuel López Obrador sobre el papel de su hijo Gonzalo como supervisor de la obra, nada es para la presidenta más importante que garantizar la impunidad de AMLO y de sus hijos.
Este es el verdadero descarrilamiento: no el del tren, sino el del Estado de Derecho.
Cuando el gobierno decide de antemano quién es intocable, las capacidades institucionales dejan de estar al servicio de la verdad y pasan a operar como un escudo político.
No se investiga para esclarecer, sino para cerrar el caso; no se busca justicia, sino control del daño.
Las respuestas en la mañanera lo dejan ver con toda claridad: aquí la única víctima es la presidenta.
La historia reciente muestra que esta lógica no es excepcional, sino sistémica.
Obras mal planeadas, contratos opacos, sobrecostos normalizados y una narrativa oficial que siempre encuentra una excusa para no asumir responsabilidades; pero encuentra todos los elementos para decirse “atacados”.
Sin embargo, ningún proyecto político puede sostenerse indefinidamente sobre la negación de la realidad.
Así como la corrupción y los malos manejos terminaron por descarrilar una obra emblemática, esas mismas prácticas —sumadas a la impunidad— acabarán descarrilando a Morena.
No por la crítica de la oposición, sino por el hartazgo de una ciudadanía que empieza a entender que la transformación prometida se quedó en el discurso.
Investigar no debilita al Estado; proteger a los poderosos sí.
Y cuando un gobierno confunde lealtad con encubrimiento, lo que realmente pone en riesgo no es una obra pública, sino el futuro democrático del país.
