El abatimiento del líder del grupo criminal CJNG, Nemesio Oseguera, es un logro de dimensiones mayores. Era un criminal emblemático de la impunidad y de la incapacidad de los tres niveles de gobierno a lo largo de casi tres lustros para llevarlo ante la justicia. El operativo contó con un soporte clave de inteligencia provisto por el CNI y la Sedena, así como de autoridades estadunidenses. Los hechos deben juzgarse por sus propios méritos: los resultados.
Acabar con el líder no significa terminar con el grupo criminal. Incluso puede detonar mayor violencia y dispersión de grupos delictivos. La brutal respuesta terrorista del CJNG el día de los hechos representa un desafío que no debe soslayarse y obliga a revalorar la calidad de las fuerzas de seguridad locales. Urge fortalecer las condiciones y la importancia del sistema de seguridad de los estados y municipios, un asunto inexplicablemente
desatendido.
Sin embargo, el trascendental éxito de la operación no tuvo y no ha tenido un manejo consecuente en materia de comunicación. Los vacíos de información fueron colmados con especulación y noticias falsas, propagadas principalmente en redes sociales, lo que confirma una crisis de confianza y de credibilidad persistente. Un gobierno que confunde el silencio con la prudencia termina por entregarle, con su omisión, el micrófono al caos.
El gobierno federal y la Presidencia de la República se podrían beneficiar de una estrategia de comunicación que trascienda “las mañaneras” o los mensajes de la presidenta Sheinbaum en sus giras. La carga recae en la mandataria lo cual resulta inconveniente porque la desgasta y expone innecesariamente. Del gobierno anterior se heredaron múltiples insuficiencias y vicios, entre ellos la ausencia de una coordinación seria y profesional de comunicación social. Incluso, la Presidencia carece de una vocería formal, indispensable en este tipo de situaciones.
El profesionalismo en la comunicación debe tener como eje la credibilidad; para ello, la veracidad y objetividad son un imperativo. Existe un deterioro en los estándares de calidad de la comunicación institucional, indispensable para una sociedad informada, particularmente en coyunturas críticas como la vivida en el país desde el pasado domingo.
