En centros de detención migratoria en Arizona hay connacionales que cumplen ya medio año o más sin saber cuándo enfrentarán a un juez. Connacionales con toda una vida trabajando en restaurantes, en la jardinería, en la construcción y otros ramos; muchos con hijos ciudadanos estadunidenses. Sus vidas quedaron suspendidas tras una redada en su lugar de trabajo o en la calle. Son casos no excepcionales, sino emblemáticos de una nueva realidad migratoria bajo la actual administración de Estados Unidos.
José Ignacio Plascencia de la Cruz, titular de la dirección de Atención a Personas Migrantes en Jalisco, revela en entrevista con MILENIO que cientos de mexicanos, incluidos migrantes con estatus legal en trámite e incluso residentes de larga data, permanecen detenidos hasta seis meses sin fecha para comparecer ante un juez.
“Tenemos casos documentados de personas con 25, 30 años viviendo en Estados Unidos, con familia, propiedades y negocios, que llevan medio año en centros de detención sin que se les haya asignado una audiencia. Es un colapso del debido proceso”, explica con visible preocupación.
Este retraso judicial sistemático representa una estrategia de disuasión que vulnera derechos fundamentales. Según datos cruzados entre la dependencia jalisciense y organizaciones de derechos humanos, el tiempo promedio de detención sin audiencia ha aumentado un 300 por ciento desde 2024, pasando de aproximadamente 45 días a los actuales 180 días o más.
Remesas en caída libre y negocios que cierran
Mientras decenas de jaliscienses esperan en sus celdas de Arizona lejos de su familia, Jalisco enfrenta otra realidad: las remesas que mantenían a las familias se redujeron abruptamente. No es el único estado afectado. Las comunidades jaliscienses en California, Chicago y Texas —donde se han intensificado las redadas bajo la actual administración— reportan una disminución de 10 a 15 por ciento en el envío de remesas debido al temor de los indocumentados a salir a trabajar.
“El miedo es palpable”, describe Plascencia. “Muchos de nuestros paisanos prefieren quedarse en casa, perder días de trabajo, antes que arriesgarse a ser detenidos en un retén o en su lugar de trabajo. Las consecuencias son devastadoras: negocios familiares que tardaron años en construirse están cerrando, principalmente restaurantes, servicios de jardinería y construcción”.
La crisis económica se extiende en ambas direcciones de la frontera. En Jalisco, más de 300 mil familias dependen directamente de las remesas, según el Banco de México, y la disminución ya afecta economías locales completas, particularmente en municipios de alta expulsión migrante como Poncitlán, Ocotlán y La Barca.
Menos deportaciones, pero más detenciones prolongadas
Contrario a lo que podría esperarse del discurso de “mano dura”, las cifras oficiales revelan una paradoja: las deportaciones de jaliscienses en 2025 fueron inferiores a las de 2024, con aproximadamente 5 mil casos registrados frente a los 7 mil del año anterior. Sin embargo, esta disminución numérica oculta una realidad más compleja y preocupante.
“El patrón ha cambiado”, analiza Plascencia. “Antes teníamos deportaciones rápidas; ahora tenemos detenciones prolongadas que pueden terminar en deportación después de meses de incertidumbre. Además, muchos deportados ni siquiera regresan a Jalisco: se quedan en estados fronterizos como Chiapas, Oaxaca o Tamaulipas, intentando cruzar nuevamente o buscando oportunidades en el sur del país”.
Este fenómeno explica en parte la discrepancia estadística. La dependencia estatal estima que por cada deportado registrado oficialmente hay al menos dos que no son contabilizados, ya sea porque no utilizan los canales formales de retorno o porque inmediatamente intentan reingresar a Estados Unidos.
Frente a este escenario de complejidad creciente, Jalisco ha desarrollado una estrategia de atención migratoria multidimensional que busca responder tanto a la emergencia inmediata como a las causas estructurales. El modelo, considerado por organismos internacionales como uno de los más completos a nivel subnacional en América Latina, se basa en cuatro pilares:
- Asesoría legal transnacional: La dependencia brinda orientación jurídica gratuita y vincula a los migrantes con despachos especializados en Estados Unidos. “Tenemos convenios con más de 50 bufetes en ciudades con alta concentración de jaliscienses”, detalla Plascencia. “Aunque la demanda supera nuestra capacidad —atendemos cerca de 2,500 casos anuales— estamos ampliando nuestra red de aliados legales”.
- Apoyo económico y logístico para retornados: Se ofrece transporte, alojamiento temporal y apoyo para trámites de reintegración. “Muchos llegan sin nada, después de años e incluso décadas fuera. Necesitan desde un lugar donde dormir hasta ayuda para recuperar documentos básicos”, explica el funcionario.
- Inserción laboral con enfoque en habilidades adquiridas: Programas específicos vinculan a migrantes retornados bilingües con empresas locales que requieren sus perfiles. “Hemos colocado a más de 200 personas en los últimos seis meses en sectores como tecnologías de la información, servicios financieros y manufactura. Su dominio del inglés y conocimiento de culturas empresariales estadounidenses son activos valiosísimos para nuestra economía”, destaca Plascencia.
- Atención a migrantes extranjeros en Jalisco: En un giro paradigmático, Jalisco también atiende a los 95 mil migrantes extranjeros residentes en el estado (principalmente de Venezuela, Colombia, Guatemala, Estados Unidos y España), ofreciendo servicios de salud, vinculación laboral y apoyo en trámites migratorios. “La migración es un fenómeno bidireccional. Somos tanto expulsores como receptores, y debemos responder a ambas realidades con responsabilidad”, reflexiona el director.
El Mundial 2026: ¿una luz al final del túnel o un espejismo temporal?
En medio de este panorama complejo, surge un factor inesperado que podría alterar temporalmente la política migratoria estadounidense: la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México, incluyendo a Guadalajara como sede mexicana.
“Estamos analizando patrones históricos”, comparte Plascencia. “Eventos de esta magnitud suelen venir acompañados de cierta flexibilización en políticas migratorias, al menos durante el periodo del evento. No sería la primera vez: lo vimos con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 y con el Super Bowl en ciudades fronterizas”.
La esperanza —cautelosa— es que la necesidad de proyectar una imagen de apertura y hospitalidad durante el Mundial pueda “presionar a que disminuyan las redadas más agresivas y se aceleren los procesos judiciales estancados”. Sin embargo, el funcionario es realista: “Sabemos que cualquier tregua sería temporal. Por eso trabajamos en estrategias de largo plazo”.
Doble nacionalidad y arraigo transgeneracional
Un aspecto menos visible, pero igualmente crucial del trabajo de la dependencia, es la atención a migrantes de segunda y tercera generación que buscan recuperar o mantener sus vínculos con México. “Cada vez son más los hijos y nietos de jaliscienses que, a pesar de haber nacido o crecido en Estados Unidos, buscan tramitar la doble nacionalidad”, explica Plascencia.
Este fenómeno responde a múltiples factores: desde el clima político actual en Estados Unidos, que hace que algunas familias busquen “un plan B”, hasta un genuino interés por reconectar con sus raíces culturales. “Atendemos casos de jóvenes profesionales, estudiantes universitarios, incluso niños cuyos padres quieren que tengan ambas opciones abiertas para su futuro”, detalla.
La red transnacional: oficinas donde más se necesitan
La presencia de Jalisco en territorio estadounidense no es simbólica: cuenta con oficinas físicas en Los Ángeles, Chicago, Las Vegas y San José, desde donde se brinda apoyo directo a connacionales. Estas sedes funcionan como primeros puntos de contacto, canalizando casos a los consulados mexicanos y a la red de aliados legales.
“En Los Ángeles solamente atendemos más de 100 casos mensuales”, comparte Plascencia. “La mayoría son personas que necesitan orientación urgente porque ellos o un familiar fueron detenidos. Nuestro objetivo es que ningún jalisciense se sienta solo frente a un sistema legal que no comprende”.
Mientras las políticas migratorias estadounidenses se endurecen y las detenciones se prolongan, Jalisco enfrenta el dilema de cómo responder a una crisis humanitaria que se desarrolla en territorio extranjero, pero cuyas consecuencias resuenan en cada rincón del estado.
“Lo que estamos viendo no es solo un cambio en las políticas migratorias, sino un cambio en la filosofía detrás de ellas”, analiza Plascencia. “Antes se hablaba de deportación rápida; ahora se habla de disuasión mediante el sufrimiento prolongado. Mantener a alguien seis meses detenido sin juicio no es un error del sistema: es el sistema funcionando como fue diseñado”.
Frente a esta realidad, la apuesta jalisciense es clara: construir puentes donde otros levantan muros. Puentes legales para quienes enfrentan procesos judiciales interminables; puentes económicos para quienes retornan sin recursos; puentes laborales para quienes traen habilidades valiosas, y puentes culturales para quienes buscan mantener su identidad bifronteriza.
Mientras decenas de mexicanos esperan audiencia en Arizona, en Jalisco la familia recibe una visita de la Dirección de Atención a Personas Migrantes. Les explican los procesos legales que enfrentan los connacionales, les ofrecen apoyo psicológico y evalúan opciones de empleo local por si son deportados. Es un pequeño consuelo en medio de la incertidumbre, pero representa la diferencia entre la desesperación absoluta y la posibilidad —aunque frágil— de un nuevo comienzo.
En el complicado tablero de la migración internacional, Jalisco ha decidido jugar el rol del aliado estratégico, no el del espectador pasivo. Los próximos meses, marcados por el Mundial y las elecciones intermedias estadounidenses, dirán si esta apuesta por los puentes puede sostenerse frente a la fuerza de los muros.
MC
