Hace apenas una década, la zona metropolitana de Monterrey y la Comarca Lagunera eran sinónimos de violencia extrema. Homicidios, extorsiones, desapariciones y paralización de la vida cotidiana. Hoy, ambas regiones figuran entre las más seguras del país. ¿Qué se hizo para cambiar su situación? La respuesta no está en una fórmula mágica, sino en una serie de decisiones estratégicas ejecutadas coordinadamente.
En el caso de La Laguna, fue producto de una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno, con operativos conjuntos, inteligencia compartida y una clara delimitación de responsabilidades. En Monterrey, la clave fue la reconstrucción institucional de las corporaciones policiales. Se apostó por la profesionalización, la depuración de elementos corruptos y la creación de cuerpos especializados con formación técnica y ética. La inversión en tecnología, cámaras de vigilancia, centros de control y análisis criminal también jugó un papel fundamental. Pero más allá de lo operativo, hubo voluntad política para blindar la seguridad como política de Estado, no como botín electoral.
La participación militar no solo aportó capacidad operativa y logística, sino también un mensaje claro de autoridad institucional frente al crimen organizado. En momentos donde las policías locales estaban infiltradas o rebasadas, las Fuerzas Armadas ofrecieron estructura, disciplina y control territorial. Su intervención fue efectiva porque se dio en el marco de una estrategia coordinada, con objetivos definidos y respaldo civil.
Estas experiencias demuestran que la seguridad no se improvisa. Requiere continuidad, planeación, recursos y, sobre todo, confianza entre autoridades y ciudadanos. La Laguna y Monterrey están dentro de las diez ciudades o regiones más seguras del país. Esto quiere decir que siguen manteniendo la seguridad una década después de su época más álgida.
La recuperación de la seguridad en Monterrey y La Laguna también fue posible gracias a la participación de la iniciativa privada, las iglesias y las universidades. Las empresas invirtieron en infraestructura y tecnología, promovieron entornos laborales seguros y colaboraron en campañas de prevención. Las iglesias ofrecieron espacios de contención emocional, mediación y reconstrucción del tejido social. Las universidades aportaron investigación, diagnósticos territoriales y formación de profesionales en seguridad, justicia y políticas públicas. Esta alianza multisectorial demostró que la seguridad no es monopolio del Estado, sino que es una tarea compartida que requiere coordinación, voluntad, recursos y visión común.
¿Qué tendría que hacerse en las ciudades y regiones que siguen atrapadas en la violencia? Primero, romper la fragmentación institucional. No puede haber seguridad en donde no hay coordinación entre los tres niveles de gobierno. Segundo, apostar por la formación de cuerpos profesionales, con ingreso por oposición, carrera policial y protocolos claros. Tercero, involucrar a la ciudadanía, no solo como víctima o espectadora, sino como actor activo en el cumplimiento de leyes y reglamentos, así como en la denuncia y en el seguimiento y evaluación de programas y políticas públicas. Un ingrediente indispensable es el respeto que deben tener los ciudadanos por sus autoridades y que estas no cometan abusos, mucho menos que hagan uso de la fuerza en exceso.
Debe quedar claro que las Fuerzas Armadas no pueden ni deben sustituir a las instituciones locales, pero sí pueden ser un pilar temporal en la reconstrucción de la seguridad cuando el Estado está en crisis.
La seguridad no es un privilegio geográfico. Es una construcción política y social. Monterrey y La Laguna lo lograron porque entendieron que el miedo no se combate con discursos, sino con instituciones sólidas, ciudadanos comprometidos y estrategias sostenidas. Si tenemos estas experiencias exitosas, ¿por qué no replicarlas en donde sea necesario?
