Tras las recientes movilizaciones y bloqueos encabezados por grupos de agricultores, Ricardo Monreal anunció que se modificará la iniciativa de Ley General de Aguas presentada por la Presidenta con la intención de atender sus demandas.
Esto es un error.
Las exigencias planteadas por los agroindustriales buscan conservar el marco regulatorio de 1992, un esquema que favorece la mercantilización, el acaparamiento y la concentración del agua en muy pocas manos.
Es un modelo perverso que convirtió al sector agroindustrial en el dueño de facto del 76% del agua en México, gracias a concesiones asignadas a entidades privadas conocidas como Distritos de Riego.
Los Distritos son organismos privados que administran el agua y deciden cómo se reparte y las cuotas que los usuarios deben pagar para acceder a ella. Su poder es tal que la organización civil “Agua Para Todos” los ha llamado “los millonarios del agua”.
Hoy, operar un Distrito de Riego es un negocio redondo porque la ley exime a la agroindustria de pagar por el agua que extrae y le permite venderla al mejor postor para obtener ganancias millonarias. Por ejemplo, una gran cantidad del agua de Baja California Norte está acaparada por el Distrito de Riego 014. Por ello, cada año, el municipio de Tijuana debe comprarle agua al Distrito para lograr abastecer a sus habitantes. El Distrito abusa y la vende a seis veces el costo de extracción. Esto hace que, en ciertos años, las ventas de agua le generen más ingresos a la agroindustria que las propias cosechas.
En varias regiones, el acaparamiento agroindustrial del agua ha alcanzado niveles francamente abusivos. La Asociación de Usuarios Productores Agrícolas Santa Rosa, por ejemplo, tiene autorización para extraer 394 mil millones de litros anuales. Esto es, agua suficiente para cubrir las necesidades de 7.2 millones de personas durante un año.
La nueva Ley General de Aguas representaba un avance importante para detener estos abusos. Prohibía la transferencia automática de permisos entre particulares, frenaba la conversión de concesiones en activos negociables sin escrutinio, y creaba un Fondo Nacional de Reserva para redistribuir volúmenes con criterios sociales y de equidad.
Es falso que esta ley dejaría sin agua a los pequeños agricultores. Por el contrario, la ley planteaba un Decreto de Regularización que abría oportunidades para que productores de menor escala y municipios actualicen permisos vencidos, accedan a energía y créditos más accesibles, y pongan fin al mercado negro de concesiones de agua.
Es cierto que la nueva ley exige controles más estrictos para renovar permisos, pero eso es una medida necesaria. Obligar a los concesionarios a medir y reportar sus consumos, y aplicar sanciones más firmes ante prácticas ilegales, es esencial. El agua no puede seguir tratándose como un botín que unos cuantos capturan y monetizan.
Entre las demandas de los grupos agrícolas, a las que Monreal pretende ceder, está conservar la herencia automática de concesiones o incluso permitir su transferencia discrecional entre particulares.
Si el gobierno cede ante tales presiones, México perderá la oportunidad más relevante en décadas para ordenar el uso del agua y garantizar que todos tengamos acceso a ella.
Sheinbaum no debe retroceder.
