Están en plantones frente a la Secretaría de Gobernación, sobre la calle Abraham González, colonia Juárez, lo que origina molestia de peatones y automovilistas. Diversas son las causas que abanderan y colectivos que exigen soluciones. No son integrantes de Antorcha Campesina, que en otros tiempos bloqueaba esta zona; tampoco profesores de la CNTE: son familiares de desaparecidos y otros más con diversos problemas y dolores que llevan a cuestas, como las madres de la Guardería ABC.
La arteria está bloqueada con mamparas y mecates que demarcan las propias organizaciones; algunas de las cuales taponan banquetas. Hace dos días hubo golpes entre un motociclista que intentó franquear la barrera. Testigos dicen que el de la moto llevó la peor parte en este espacio tapizado con pequeñas casas de campaña, barracas, fotografías de personas desaparecidas y letreros contra el gobierno.
“¿Dónde están nuestras hijas?”, se lee en una de las tantas pancartas que cuelgan de puertas y rejas de la dependencia federal.
Entre las calles de Atenas y General Prim, cubierta con frágiles casas de campaña, hay un mundo de problemas concentrados en personas que vienen de diferentes partes del país. De norte a sur.
Pasas muy seguido y observas que uno de los tramos, sobre todo del lado izquierdo, hacia Atenas, la banqueta es bloqueada con mecates, mamparas y tablas, lo que provoca molestia de vecinos.
Los indignados tienen sus argumentos.
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La situación se ha tornado tensa, pues una mujer de Oaxaca, Lupilla Xiu, se declaró en huelga de hambre después de rociarse gasolina e intentar prenderse fuego, pues solo encuentra oídos sordos.
Xiu muestra la pantalla de su teléfono celular donde se ven imágenes de ella y algunos funcionarios, uno de ellos con extintor en la mano, mientras prometen atender su caso.
Ella dice que fue víctima de desaparición forzada durante seis meses y medio en el gobierno oaxaqueño de Gabino Cué, además de permanecer detenida durante cinco años, solo por defenderse de su agresor.
No muy lejos de ella, algunos de los 39 familiares de niños fallecidos y sobrevivientes de la Guardería ABC de Sonora, delimitan su espacio en casas de campaña. En un pedazo de papel sujeto en la puerta del refugio llevan el conteo de su protesta indefinida: 104 días.
Entre ellas está Ana Luisa Valenzuela. Madre e hijo tienen quemaduras y lesiones pulmonares. “Ya queremos terminar con esto”, expresa quien a pesar de su crisis de salud no desiste junto con su hijo.
Cada familia sobrelleva sus problemas, aunque hay un punto en el que todos coinciden: los juzgados siguen sin trabajar, lo que ha provocado el retraso en los procesos de amparos ya ganados.
Hace unos días Ana Luisa sufrió un ataque de ansiedad, según reportó en su cuenta @Laura30713513, quien grabó las imágenes: Valenzuela permanece acostada en una camilla mientras es atendida por paramédicos.
“Es una de las víctimas de ABC; ella salvó a su hijo y a otros niños”, se escucha un comentario de quien narra el hecho.
A pocos metros de ahí, pero en las escaleras que dan a unas oficinas de la Secretaría, Yoltzin Martínez Corrales, del colectivo Raúl Trujillo Herrera, logró brincar la reja el pasado 4 de este mes y desde hace 6 días decidió ponerse en huelga de hambre.
—¿Por qué?- se le pregunta.
—Porque necesitamos el apoyo del mecanismo para periodistas y defensores de derechos humanos- responde.
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Entre las madres de familia también está Laura Ivonne Kabata de Anda, cuyo hijo, Óscar Alejandro, fue víctima del llamado Operativo Conjunto Chihuahua, ocurrido en 2009 en Ciudad Juárez, al mando del general Felipe de Jesús Espitia Hernández.
—¿Qué pasó?
—Levantaron a mi hijo junto con otros dos jóvenes, se los llevaron al destacamento militar y ahí los tuvieron torturando; fue víctima de las más crueles vejaciones que se pueda usted imaginar. Es sobreviviente y testigo.
—Y usted qué pide.
—Justicia y reparación del daño en todos sus ámbitos.
—¿Hay documentación?
—Ya tenemos una recomendación, la número 38, por parte de CNDH, por violaciones graves.
El colectivo que tiene más gente aquí es el denominado Buscando cuerpos, que dirige Margarita López.
Entre las varias madres y familiares está Olivia Guzmán Chávez, cuyo hijo de 27 años desapareció el 17 de marzo de 2017, en Pátzcuaro, Michoacán. Era comerciante. Dice que en esa época también desaparecieron otros 23 jóvenes, entre 25 y 30 años de edad.
La señora Guzmán trae una playera blanca con la foto de su hijo Ezequiel Román Sosa Guzmán y un letrero: Buscando nos encontramos.
“Yo soy de las que va a la sierra y al cerro a buscarlos”, comenta Guzmán. “Hemos encontrado bastantes cuerpos; escarbamos a pico y pala y buscamos con varilla”.
—¿Y por qué están aquí?
—Por los fideicomisos que quitaron. Se los quitaron a los compañeros; yo los vengo a apoyar.
—¿Usted no ha recibido ayuda del gobierno?
—Nunca. Yo, con mis propios medios, empecé a buscar a mi hijo; después conocí a la señora –Margarita López- y me uní a buscar.
Pero la señora López, quien perdió a su hija en 2009, no se encuentra en el plantón, pues tiene problemas de salud.
“Nos hemos ido sumando padres, hermanos, tíos, por la falta de apoyo del gobierno”, dice Leonardo Martínez Armenta, integrante del colectivo Buscando cuerpos, cuyos miembros suman alrededor de 70 en este campamento. “Y hemos encontrado cuerpos, sí; de hecho, el miércoles pasado entregamos dos cuerpos”, añade.
—¿Y por qué están aquí?
—Estamos luchando para que nos regresen los fideicomisos que nos quitaron en noviembre del año pasado.
—¿A ustedes les ayudaban?
—Sí, CNB, que es Comisión Nacional de Búsqueda, en conjunto con la CEAV, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Nos quitan el apoyo para las búsquedas. Y ahorita ponemos de nuestros bolsillos.
—Pero aquí hay camionetas de la CEAV, ¿a qué vienen?
—Pues supuestamente a solucionar nuestros problemas, porque tenemos pagos atrasados; hay compañeras que no les han pagado desde 2019; tampoco quieren dar el Renavi, que corresponde al Registro Nacional de Víctimas, y ahora dicen que harán un estudio socioeconómico, que en realidad por ley nos corresponde.
—¿Y en dónde los buscan desaparecidos?
—En la Sierra de Guerrero, como el municipio de Heliodoro Castillo, El Naranjito, lo que es Chichihualco; también en la Costa Grande, como Petatlán, Zihuatanejo, La Unión; y también vamos a diferentes estados de la República: Veracruz, Puebla, Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, a diferentes partes del país- responde Leonardo Martínez Armenta.
—¿Y usted tiene desaparecido algún familiar?
—Sí, a mi padre. Él desapareció con la guerra sucia, en los años 70, cuando lo de Lucio Cabañas, lo de Figueroa, en Guerrero. Y es fecha en que el gobierno no me ha dado mi reparación del daño.
—¿Desde los setenta hasta qué año buscan desaparecidos?
—Hasta la fecha; si ahorita nos dicen: hay un desaparecido y nos dan un lugar dónde buscar, vamos a buscarlo.
—¿Han desaparecido personas últimamente?
—Es diaria la desaparición de personas.
—¿Por qué cree que desaparezcan?
—Por secuestro, porque los levantan, ya ve, por personas civiles, y ahora sí que no sabemos las causas.
—Cuál es la parte del país en donde más desaparecen.
—Tamaulipas, lo que es Guerrero, Sinaloa, Guanajuato, acá para Veracruz, Puebla; o sea, no hay un lugar en que no haya desaparecidos.
Del colectivo Buscando Cuerpos son de 60 a 70 personas en este plantón, el más grande de los que hay aquí, desde hace mes y medio.
El pasado jueves, comenta Martínez Armenta, compañeras suyas se llevaron el féretro con el cadáver de un joven que había desaparecido en septiembre de 2019, pero antes de partir, como protesta, lo trajeron al plantón.
El cadáver había sido encontrado dos meses después de la desaparición del joven, en el estado de Guerrero, y desde entonces permaneció en la morgue de la Fiscalía General de la República, en Ciudad de México, de acuerdo a información de Martínez.
—¿Y por qué apenas lo entregaron?
—Porque en periciales no se ponen a trabajar como debe de ser. Nosotros trabajamos así: vamos a buscar cuerpos, encontramos y a través de plataformas de Facebook y Twitter subimos las fotos; y es como contactan a la señora Margarita López, para poder entregar ese cuerpo. Y viene el proceso, el protocolo del gobierno a seguir.
Y aquí continuarán.
