Aquel marzo de 2015, unos meses antes de las elecciones intermedias del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, el Banco Privado de Andorra (BPA) fue intervenido oficialmente tras una investigación de lavado de dinero hecha por los gobiernos de EU y España.
Con el paso del tiempo se revelaría que por lo menos 23 clientes mexicanos habrían tenido depositados ahí 48 mil millones de pesos, los cuales fueron confiscados por las autoridades del pequeño país, cuya población total cabría en el estadio Olímpico Universitario de la UNAM, donde juegan los Pumas.
De acuerdo con las filtraciones realizadas hasta el momento por autoridades involucradas, el grupo de inversionistas mexicanos señalado pertenece al entorno del PRI. De la lista de los 23 solo se ha confirmado plenamente el nombre de Juan Collado, abogado de Peña Nieto y otros jerarcas priistas, quien actualmente se encuentra preso en México.
Sobre el tema del cierre del Banco Privado de Andorra, el cineasta Eric Merola realizó La Estafa de Andorra, una película que sin muchos recursos de producción tiene el enorme valor de manejar una provocadora tesis de conspiración y contar con los testimonios directos de los empleados de la institución financiera señalada.
La propuesta del trabajo documental es relatar la historia de “un banco asesinado por los gobiernos españoles, americano y andorrano, entre las maniobras para destruir el movimiento independentista catalán”.
Y esta historia se comienza contando que pese a ser una pequeña nación, la calidad de vida en Andorra es una de las más altas del mundo, proveniente de un alto PIP nutrido por más de ocho millones de turistas anuales que van allí a esquiar, hacer compras libres de impuestos y a su sistema bancario.
También se cuentan algunas versiones en torno al origen de las millonarias fortunas andorranas, supuestamente provenientes del robo del dinero a judíos que huían durante la Segunda Guerra Mundial. Fue la supuesta necesidad de ocultar el origen de estas riquezas de algunas familias actuales lo que habría motivado al país a crear su famoso sistema bancario offshore.
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Pablo Laplana, ex subdirector de BPA, aclara en el documental que “el simple hecho de abrir una cuenta en un banco offshore no implica que se esté haciendo algo incorrecto. Tomemos como ejemplo Argentina. Argentina es un país donde aproximadamente cada 10 años, de una forma u otra, el gobierno le roba el dinero a su población. Ya sea a causa de una gran inflación o por el corralito, pero siempre encuentra la forma. Son muy creativos en esto. ¿Por lo tanto, si eres argentino, que vas hacer? Primero cambiar los pesos por dólares y después guardarlos bajo el colchón, o si los puedes permitir, en algún otro lugar del mundo y guardarlo ahí”.
La práctica es generalizada entre celebridades, empresarios y políticos de todo el mundo, se recuerda; en teoría se ha vuelto más vigilada después del 11 de septiembre de 2011, tras las creación de la ley patriótica, en cuya sección 311 se da el poder al Departamento del Tesoro estadunidense (Fincen), de declarar non grato a un banco extranjero y de exigir medidas especiales a los gobiernos donde residen estas instituciones privadas.
Pero una de las tesis del documental es que la sección 311 ha sido usada por EU no para combatir el terrorismo, sino para remarcar su hegemonía política y económica sobre otras naciones. Uno de los ejemplos que brindan es el de HSBC, que reconoció haber lavado 881 millones de dólares al Cártel de Sinaloa — “suficientes como para sufragar mil 762 veces el costo de los atentados terroristas a las torres gemelas”, sin embargo el Fincen nunca emitió una nota de la sección 311 en contra y HSBC continua operando como si nada.
“Solo se ataca a los bancos pequeños, en países pequeños donde su cierre no causa problema disruptivo general financiero. Y en este sentido, los grandes bancos que actúan mal tienen permiso implícito, mientras que los pequeños, aunque no actúan mal, son acusados y no tienen forma de enderezar la situación”, sentencia Merola.
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Los directivos y empleados del BPA dan su versión del 10 de marzo de 2015, día en que se emitió la nota del Fincen contra el banco andorrano. “La primera reacción que tuvimos fue bastante relajada, porque vimos lo que ponía en la nota y veíamos que no tenía sentido… Estábamos relajados, como diciendo, ok, podemos manejar eso. No es que tuviéramos una cuenta de Osama Bin Laden y no lo supiéramos. Esto si habría sido un problema gordo”.
Después vinieron intervenciones públicas del presidente de Andorra y la directora del organismo nacional de supervisión financiera, María Cosan, para finalmente bloquear los fondos de todos los clientes, permitiéndoles únicamente el retiro de 2 mil 500 euros por semana de sus cuentas.
Consternados, los directivos del banco aseguran que el mayor porcentaje de sus clientes son empresarios pequeños que depositaron en Andorra sus ahorros para su jubilación.
—¿No ha habido alguna prueba de la mala actuación? ¿Ni tampoco de blanqueo? —pregunta el documentalista a las abogadas Ana Sole y Gema Martínez.
—Actualmente no hay ninguna sentencia condenatoria por blanqueo de capitales —responden la juristas.
El documental continúa exponiendo una serie de datos y reflexiones sobre la existencia de una posible operación política de EU detrás del ataque a este banco en el que no pocos mexicanos tenían sus inversiones.
Para tratar de entender mejor su perspectiva, he estado buscando el testimonio de alguno de esos clientes afectados, sin embargo no he tenido suerte hasta la fecha.
Pero la búsqueda seguirá, así como también la reseña de este documental que puede ser observado de manera completa y gratuita en YouTube para entender un poco más de lavado de dinero y de batallas financieras internacionales. _
(CONTINUARÁ…)
Diego Enrique Osorno
