En México, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024 elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al menos 172 niñas y niños viven actualmente en reclusorios con sus madres.
No están ahí por haber cometido un delito, pero comparten el encierro. Nacieron en una celda, gatearon entre barrotes y aprendieron a decir “mamá” bajo la sombra de un sistema penitenciario que los ignora al no otorgarles condiciones dignas para su desarrollo.
Hay alrededor de 40 centros penitenciarios en todo el país donde estas infancias existen, pero no siempre cuentan. En algunos casos, como en Jalisco, hay hasta 20 niñas y niños.
En Tamaulipas son 23, la cifra más alta en todo el país. En otros estados, una o uno solo. Pero cada número encierra la vida de una persona que tiene el derecho a crecer en el mejor entorno posible.
Son 169 mujeres que viven su maternidad en condiciones verdaderamente complejas. Y no solo se trata de contar con agua caliente para bañarlos, con medicamentos cuando enferman, de condiciones para su descanso y para sus primeros estímulos.
Ser madre en prisión también es contar los días, no solo para salir, sino para que no se acabe el permiso legal: porque a los tres años, según la Ley Nacional de Ejecución Penal, esas niñas y niños deben dejar la cárcel. ¿Y entonces qué?
No hay presupuesto suficiente, en muchos casos tampoco existe un plan serio de seguimiento cuando los niños salen del penal. Muchas y muchos de ellos pasan de una forma de encierro a otra.
No es una cuestión de seguridad: es una cuestión de humanidad. No podemos seguir llamando “justicia” a un sistema que encierra a sus hijos por nacer y no brinda condiciones verdaderamente óptimas para su desarrollo.
El Estado debería pensar en esas infancias, porque no hacerlo es condenarlas dos veces: primero al encierro, luego al olvido. No basta con permitir que vivan en prisión; es urgente garantizarles una vida digna dentro y fuera de ella.
Basta de instituciones que solo administran el encierro sin acompañar el desarrollo, entonces no estamos reinsertando: estamos condenando otras vidas.
Y eso, lejos de ser justicia, es abandono. Al centro de las políticas, de las decisiones y de las leyes deben estar las infancias, su interés superior y su derecho a la mejor calidad de vida y al mejor futuro posible.
