El problema del campo mexicano no es nuevo, pero hoy alcanza un punto crítico que se refleja en la urgencia de contar con mejores precios para el maíz, el frijol, el trigo, el sorgo y las oleaginosas.
Lo que ocurre en los mercados es solo la superficie de una crisis más profunda: detrás de los precios bajos, del abandono de parcelas y del endeudamiento de los productores hay un desmantelamiento institucional que dejó al sector sin los instrumentos que garantizaban certidumbre, planeación y financiamiento.
Durante décadas, la política agropecuaria se sostuvo en tres pilares: apoyos al ingreso, fomento productivo y crédito. Hoy, esos tres pilares están fracturados. Instituciones clave como Aserca —que coordinaba la comercialización y la agricultura por contrato— y la Financiera Nacional de Desarrollo —que otorgaba crédito a pequeños y medianos productores— desaparecieron, dejando un vacío que ninguna otra instancia ha llenado.
El campo enfrenta dos grandes desafíos: más presupuesto, sí, pero también instituciones capaces y especializadas para ejercerlo con eficacia. No se trata de volver al pasado ni de ignorar que hubo errores o actos de corrupción; se trata de reconocer la urgencia de reconstruir capacidades y devolver al Estado la posibilidad de planear el desarrollo rural con visión de largo plazo.
México necesita una nueva arquitectura institucional que ofrezca financiamiento, aseguramiento y mecanismos de comercialización. Sin Aserca, sin Financiera Nacional y sin programas de fomento reales, el productor queda solo frente al mercado. Y aunque los precios de garantía han sido un alivio para algunos sectores, su cobertura no alcanza a la mayoría de los productores.
Mientras los precios internacionales de los granos y oleaginosas fluctúan, México carece de una política interna que brinde certidumbre. Las cosechas se acumulan sin comprador o se malvenden por debajo de los costos de producción, generando pérdidas irreparables para miles de familias rurales.
La seguridad alimentaria no se decreta: se construye con políticas públicas, inversión y con instituciones sólidas. Por eso, hablar hoy de mejores precios no es una demanda coyuntural, sino el reflejo de un problema estructural que debe atenderse con visión de Estado.
Porque cuando el campo se debilita, también se debilita el país.
