Ayer se votó en la Cámara de Diputados el dictamen que reforma la Ley de Aguas Nacionales y expide la Ley General de Aguas.
Fue una sesión larga, tensa por momentos y acompañada por organizaciones y productoras y productores que llegaron al recinto para expresar sus inquietudes.
Más allá de las posturas políticas, quedó claro que estamos ante una reforma compleja; por eso vale la pena revisar, con calma, qué sí cambió respecto a la iniciativa presidencial.
Uno de los ajustes más comentados es el nuevo procedimiento para reasignar volúmenes cuando cambia la propiedad, hay fusiones o entra en juego una sucesión.
Esto es clave porque el artículo 22 elimina las transmisiones de derechos como hoy las conocemos. Ahí el 37 Bis 1 abre una ventana para que en el campo siga habiendo continuidad cuando cambia el propietario o el esquema productivo.
Aún así, el verdadero reto será cómo se aplique. En una reforma con correcciones hechas sobre la marcha —casi como parches— la certidumbre dependerá más de la ejecución que de lo que quedó escrito.
También se fijó que la Autoridad del Agua tendrá veinte días hábiles para resolver y deberá respetar volumen, uso y plazo del título. Y en las reasignaciones se añadió un criterio de interés público: priorizar usos ligados al derecho humano al agua y a la seguridad alimentaria.
Otro ajuste fue en las prórrogas: la exigencia de “obligaciones fiscales” se acotó al pago de derechos de agua y el período para solicitar la prórroga pasó de un año a dos.
También se recuperó el papel de los Organismos de Cuenca, que en la versión inicial perdían mucha fuerza; volver a reconocer su participación es clave, porque son quienes conocen la realidad del agua en cada región.
Pero incluso con estos cambios permanece un punto central: la falta de confianza. Muchos productores y especialistas reconocen avances, pero siguen viendo áreas grises que generan dudas.
Y mientras esas dudas sigan ahí, será complicado que la reforma genere la certidumbre que el país y el campo necesitan. Veremos qué ocurre en el Senado, pero si todo sigue en la misma ruta, la responsabilidad terminará recayendo en cómo CONAGUA implemente cada disposición.
El reto ya no es cambiar la ley, sino recuperar la confianza para que la reforma sea solución y no un problema permanente.
