En Tamaulipas, enfermarse duele doble: duele el cuerpo y duele la impotencia de no encontrar medicinas ni la atención médica adecuada.
La salud pública no debería depender de recursos económicos o de la capacidad de contar con abogados para promover un amparo.
Cada vez más familias tamaulipecas se ven obligadas a acudir a los tribunales para exigir su derecho a la salud. Es un contrasentido cruel que pacientes con enfermedades graves tengan que litigar para recibir una quimioterapia, una cirugía o un tratamiento que debería estar garantizado.
Hace unas semanas, el propio secretario de Salud de Tamaulipas habló de un 60% de abasto en medicamentos contra el cáncer.
La declaración no es un logro, es una confesión. Porque tener un 40% de desabasto no significa un “avance”, significa que cuatro de cada diez pacientes no están recibiendo el tratamiento que necesitan y en casos como el cáncer, la diferencia entre recibir o no el medicamento es, sencillamente, la diferencia entre la vida y la muerte.
Cuando falta un medicamento, no hablamos de números: hablamos de la niña cuya leucemia se complica porque no tuvo quimioterapia a tiempo, del adulto mayor que soporta el dolor porque no hay los recursos necesarios para su intervención quirúrgica, de la madre que interrumpe su tratamiento y vive con el miedo de una recaída.
Hay que decirlo con claridad: lo que está en juego no es la popularidad de un gobierno, sino la vida de miles de personas.
Vemos cómo se difunden en todos los medios 70 denuncias contra exfuncionarios del gobierno pasado por presuntos desfalcos a la salud. Que se investigue y que se siga el procedimiento conforme a derecho, pero, por favor, este gobierno ya va para tres años, la mitad de su mandato, y la realidad es que la salud está peor que nunca.
A medio gobierno, las setenta denuncias no son suficientes para explicar ni justificar que hoy falten medicinas, que se acumulen los amparos y que miles de pacientes se queden sin tratamiento. No hay manera de disfrazar el verdadero rostro de la crisis.
El desabasto en Tamaulipas no se mide en porcentajes, se mide en vidas que no pueden esperar y en familias que hoy claman por justicia.
El derecho a la salud se volvió una lucha legal, pero la vida no espera a los tribunales.
