El descontento por la violencia y la incapacidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de hacer valer la ley ha ido creciendo aceleradamente en el país. La impunidad está haciendo estragos y es la razón de la movilización ciudadana reciente. En este contexto debe preocupar el deterioro de las instituciones que, en otros momentos, hubieran permitido canalizar el descontento.
A la marcha reciente, pese a su organización y convocatoria confusas, no puede desestimársele su autenticidad. No importa si coincidieron jóvenes con personas de otras generaciones o vinculadas a la política. La sociedad mexicana muestra su descontento y su referente ha sido el homicidio de Carlos Manzo, por todo lo que él y su movimiento representan.
Ya en el pasado incurrimos en el error de descalificar la protesta juvenil con consecuencias históricas lamentables. Como generación nos habíamos propuesto que nunca más se repitiese; así, a partir de aquellos años, quedó claro que el Estado mexicano debería abrir espacios para canalizar el descontento. La respuesta se dio a través de reformas que abrían a la oposición los espacios de representación política. Fue un aprendizaje que costó sangre, pero prevaleció la idea de que al Estado lo fortalecía la inclusión y que enriquecía la representación política.
Por lo mismo es un error del gobierno descalificar o agredir la protesta pública. Es evidente que la presencia del llamado bloque negro nada tuvo que ver con los convocantes, más aún, la crónica revela que es un grupo infiltrado de provocadores delincuentes que fueron funcionales en el objetivo de desprestigiar la protesta ciudadana.
El discurso excluyente y partidista, además del uso faccioso de la justicia y de la fuerza pública, llevan al país a una confrontación que puede desbordarse, no sólo por el creciente rechazo social con la situación que se vive, sino porque ese descontento no tiene cauce institucional. Además, existen amenazas reales a la seguridad nacional que son ajenas a la movilización del pasado sábado, como el embate del crimen organizado y la presión del exterior que se ejerce ante la incapacidad para contener a la delincuencia y garantizar derechos y paz pública.
