La demolición del aparato judicial de este país ha llegado tan lejos que una de las garantías más fundamentales, la de que a una persona le sea concedida la facultad de suspender las acciones del Estado en su contra –el decomiso de sus bienes, la congelación de sus cuentas bancarias, la clausura de su negocio o el encarcelamiento puro y simple, la famosa prisión preventiva oficiosa (ya de por sí lo suficientemente aterradora) en espera de que se comprueben en un juicio las acusaciones o de que sea declarada su inocencia—, que un ciudadano, repito, pueda detener provisionalmente estas acometidas acogiéndose a la figura del amparo, ya no será posible en virtud de la ley que la avasalladora mayoría oficialista está promulgando ahora en nuestro Congreso bicameral, desafiando inclusive, al pretender incluir un apartado que le confiere retroactividad a tan tortuosa ofensiva gubernativa, los principios constitucionales inscritos en nuestra vapuleada Carta Magna.
Detrás de esto hay un muy siniestro propósito, el de proporcionarle al poder la potestad de avasallar a cualquier individuo al haberlo colocado en una circunstancia de absoluta indefensión y desconociendo, de pasada, que son descomunalmente desiguales las condiciones del combate cuando una persona enfrenta por su cuenta a la maquinaria pública y que precisamente por ello, para darle herramientas al ciudadano en tan desventajosa situación, es que los juristas crearon primeramente recursos como el habeas corpus al irse consagrando el principio de igualdad en las sociedades humanas y ya luego, al continuar el proceso civilizatorio en el mundo, figuras como el referido derecho de amparo y otras salvaguardas.
Ante tal realidad, cabe una gran pregunta: ¿por algo así votamos los mexicanos en las urnas? ¿Imaginamos acaso que la deriva autoritaria del régimen morenista iba a ser tan radical, tan descarada y tan cínica? Pero, sobre todo, ¿en qué momento pudieron darse las condiciones para que el “sistema” –sí, señoras y señores, estamos utilizando el mismísimo término que encarna la opresión que combaten los luchadores sociales— pudiera implementar algo parecido?
Pues, miren ustedes, con 30 millones de votos, menos de la tercera parte del total del padrón electoral, se instauró en 2018 el régimen de doña 4T. Y esto es lo que tenemos, ahora, siete años después.
