Titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto deja ver el siniestro “peso del Estado” contra los adversarios del obradorato.
En un acto inusual por carecer de facultades para balconear solicitudes, subió a X lo que hiede a una delación política deliberada: “El pasado 14 de noviembre, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, ingresó al IMPI la solicitud de registro de marca de Carlos Manzo y Movimiento Independiente del Sombrero…”, escribió.
¿Desde cuándo una solicitud de registro de marca se hace pública?
Es obvio que para sembrar la sospecha, para fabricar una narrativa que criminalice, para insinuar control económico, usufructo político y lucro.
Se trata de una maniobra comunicacional vestida de transparencia con el olor inequívoco del golpe político.
Lejos de ser anodino, el mensaje no disimula (ni por elemental cortesía) su perversa motivación, y armoniza con las maniobras y fechorías que está cometiendo el oficialismo contra la creciente agrupación opositora que fundó Carlos Manzo.
Debidamente tramitada, la petición precisa que la sucesora de su marido en la alcaldía de Uruapan usará esas marcas y logotipo en la organización de reuniones, servicios de cabildeo y asesoría en materia de estructura ciudadana.
Pero el morenismo se propone aplastar a los del Sombrero con acciones tan cuestionables como la insultante primera acometida de Gerardo Fernández Noroña contra la viuda y el control de las “investigaciones” del asesinato de Manzo que debiera realizar una fiscalía especial.
Está ya la marranada de llevar a la cárcel a los policías en que más confiaba la pareja Manzo-Quiroz, y la fiscalía del morenista gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encontró su villano inmediato en el jefe de escoltas de Manzo, el coronel del Ejército José Manuel Jiménez Miranda, quien dirigía también la policía municipal.
Conocí a ese militar el 22 de septiembre, cuando acompañó (y nadie más) por carretera a Carlos Manzo hasta Ciudad de México el día que entrevisté al alcalde para El asalto a la razón de MILENIO Televisión.
“En nadie confío tanto como en José Manuel y su gente”, me dijo entonces el malogrado alcalde.
A ese impoluto coronel lo declararon prófugo, acusándolo junto con siete subordinados de homicidio “en comisión por omisión”, delito que parece trabalenguas jurídico para culparlo por no haber hecho lo debido para proteger a Manzo la noche del atentado. Por no evitar un asesinato evidentemente preparado para exceder cualquier capacidad local, incluida la de los 14 guardias nacionales del círculo “perimetral” que, con la misma lógica, fueron “omisos” y “dejaron pasar” al magnicida.
La tercera canallada se perpetra contra el único diputado del Sombrero en el congreso michoacano, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, en cuyos terrenos abandonados hace ocho años por su familia por la incursión de la delincuencia organizada se encontraron osamentas que él mismo denunció sin que le hicieran caso y ahora se le quieren achacar…
