Al momento existen tres versiones sobre qué motivó la salida de Alejandro Gertz Manero como Fiscal de la República. Todas hacen agua. Dedico este texto a lo que considero que es la principal razón –poco abordada hasta ahora en medios– y a lo que esto significa para el futuro de la justicia en México.
Tres son las principales razones que se han especulado para explicar la caída de Gertz: (i) que le filtraba casos a la prensa, (ii) que investigaba a alguien que estaba bajo el mando de una persona de confianza de Omar García Harfuch, y (iii) que permitió que Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, se convirtiera en testigo protegido a pesar de ser parte de una red de crimen organizado.
La realidad es que ninguna de estas versiones resiste un análisis lógico.
Primero, porque las filtraciones más graves no sucedieron sin la anuencia de la presidenta. Segundo, porque las investigaciones a figuras políticas relevantes –o a sus cercanos– no son nada nuevo. Fueron el modus operandi de la fiscalía por años y, muy probablemente, la razón por la que el fiscal pudo consolidarse como intocable. Y tercero, porque el caso Rocha, si bien generó sorpresa y enojo, no tiene el tamaño ni el calado para ameritar el cisma político que supone decapitar al fiscal.
Gertz no era cualquier fiscal. Estamos hablando de un funcionario que mantuvo su cabeza a pesar de utilizar la institución de procuración de justicia más relevante del país de manera facciosa, obscura y selectiva para resolver agravios personales y administrar la justicia a conveniencia. La pregunta es qué pasó en las últimas semanas que hizo necesaria su salida.
Me parece que la respuesta debe encontrarse en Michoacán y en el cisma político –ese sí de gran calado– que ha supuesto el Movimiento del Sombrero.
Al momento, las encuestas muestran que la candidata puntera a la gubernatura es la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo. De consolidarse su liderazgo político, Michoacán sería el primer estado gobernado por Morena que pasaría a manos de la oposición.
Esto ha convertido al estado en un foco rojo. Un reto magno en el que la política de seguridad de Sheinbaum no puede fallar. Si la presidenta logra pacificar al estado, el escenario 2027 será favorable para Morena. Si no, el futuro del partido como ente hegemónico puede entrar en duda.
Es aquí donde cobra relevancia Gertz: el fiscal no está a la altura de ese reto. Conocido por el rezago en las investigaciones, la integración y consolidación de carpetas deficientes y su poca coordinación con Omar García Harfuch, las últimas semanas han hecho evidente que, si se quiere dar resultados a los michoacanos, se necesita una alineación distinta.
La presidenta quería la renuncia de Gertz desde el inicio de su sexenio, pero en su momento se decidió no mover demasiadas piezas por la reforma judicial. Ahora, ese cálculo ha cambiado por la urgencia de dar resultados en materia de seguridad y de hacerlo con plena colaboración de Estados Unidos –quienes por cierto, tienen en alta estima a Harfuch y no a Gertz.
La salida de Gertz, por tanto, debe leerse como una apuesta por replicar la reducción de crímenes de alto impacto que logró Sheinbaum en la Ciudad de México. Un éxito que obtuvo debido a la coordinación entre Harfuch y la entonces fiscal de la capital, Ernestina Godoy.
Adán fue el encargado de organizar a la bancada para lograr la salida del fiscal, pero no fue el autor intelectual de su salida. La autora intelectual es una, vive en Palacio Nacional y tendrá a Ernestina como su incondicional. Si hay un ganador en todo esto es Harfuch.
Ahora bien, hay algo muy delicado. La coordinación absoluta de la fiscalía con la presidencia es un arma de doble filo que puede ser utilizada para atacar eficientemente al crimen organizado, pero también para convertir a la justicia en un arma política.
