Lo primerísimo que tendría que plantearse un gobernante es qué tan viable es su proyecto de nación. Ocurre, sin embargo, que los responsables políticos parecieran guardar un auténtico punto ciego en su campo de visión, algo muy semejante a lo que acontece con esos padres que no advierten las morrocotudas insuficiencias de sus retoños y con el amante alucinado que transfigura en hermosura la imperfección de su pareja.
Hay cálculo, desde luego, cuando un primer ministro o un presidente toma decisiones y, justamente, ahí es donde comienzan los problemas: el cargo público no es un regalo de los dioses (los reyes, por el contrario, eran designados por directa voluntad divina) sino una suerte de premio mayor otorgado por unos votantes a los cuales hay que dar debida y obligada satisfacción, así sea que las misericordias que vaya a devolver el candidato triunfador, una vez en el cargo, vayan a contracorriente de la sensatez presupuestal o del verdadero interés común.
Y es que el “pueblo”, una deidad más moderna en oposición al dios todopoderoso que se arrogaba por sus pistolas la facultad de nombrar a un soberano en el trono, es respondón, exigente y poco instruido en lo que toca a los cánones dispuestos en doña Constitución pero, necesitado en permanencia de asistencias, se vuelve muy agradecido cuando le llueve el maná de las ayudas públicas.
El mandamás, entonces, se trasmuta en una especie de dador de complacencias para agenciarse las simpatías del respetable público, más allá de que la política social —los subsidios a los sectores más desfavorecidos, la instauración de un sistema universal de salud o, en los casos de los países más desarrollados, el seguro de desempleo— sí tenga sentido las más de las veces.
El asunto es que no se quedan ahí las cosas —en la mera circunstancia de darle satisfacción al electorado— sino que en la receta del supremo encargado y su corte de consintientes escuderos figuran otros ingredientes tales que la ideología de la casa y los indisputables principios de doctrina.
Algunos opinadores dicen que se han borrado las fronteras entre los credos políticos y que ya no son reconocibles, como antaño, los rasgos que definían a la noble izquierda en oposición a la maligna derecha. Esto no es cierto, señoras y señores: admitamos que a unos y otros mandamases en particular los pudiere asemejar su talante autoritario, pero ese es otro asunto. La cuestión es que la izquierda maneja la cosa pública de cierta manera y la gestión es muy diferente cuando la derecha lleva las riendas. Lo vemos con meridiana claridad en el caso de Cuba y Venezuela —sus regímenes han empobrecido brutalmente a la población— en oposición al fulgurante capitalismo de Panamá o a las apacibles socialdemocracias de Uruguay y Costa Rica.
Retomando el tema de la viabilidad, el estrepitoso fracaso de la fórmula izquierdista debiera servir de suprema advertencia para no seguir los mismos pasos. ¿El estancamiento de la economía, aquí, no es ya una muy visible señal de alarma?
