Las declaraciones del gobernador Alejandro Armenta, donde lanza el ultimátum al Grupo Proyecta respecto a las dos hectáreas para construir viviendas para los policías, causaron revuelo nacional porque algunos lo percibieron como amenaza.
Armenta fue claro y contundente al exigir esos terrenos, o de lo contrario serían expropiados porque desde su visión, el fin justificaba los medios legales para un proyecto que a todas luces es de utilidad pública.
Con todo y eso, el sector empresarial se sintió agraviado y generó reacciones diversas entre los inmobiliarios, que como siempre sucede no están acostumbrados a regalar o ceder un metro de tierra.
El mandatario poblano afirmó que compran barato o casi regalado, aprovechándose de la necesidad de los ejidatarios que al no tener de otra, deben vender no al valor comercial, sino al precio que los compradores fijan y que regularmente es muy bajo.
En ese sentido, el gobernador está en lo correcto al exigirle a Grupo Proyecta que compartiera algo de los miles de millones de pesos que ganan utilizando argucias legales en perjuicio de los propietarios originales de esos predios. Sin embargo, sus afirmaciones se escucharon muy fuertes y al final tuvo que recapacitar.
Este domingo, volvió a tocar el tema y dijo que ya no les pediría nada, para evitar que siga la polémica ya que mediáticamente, las redes sociales sobre todo, se volcaron en favor de los dueños del dinero y eso no le conviene al gobierno.
Por suerte para Armenta, hay grupos como Haras, con mayor sentido social y ya le ofrecieron terrenos para construir las viviendas a los elementos de la policía, con lo que buscan poner fin a esta conversación.
Sin embargo, este escabroso tema no deberían meterlo a la congeladora, y más bien investigar cómo es que esas empresas inmobiliarias se han hecho ricas a costa de los que menos tienen.
Por supuesto que no es pecado ni mucho menos delito hacer negocios, pero hay casos específicos que todavía no han quedado del todo claros, porque detrás de cada compra hay historias de abusos en los juzgados del estado.
Es probable que Armenta se haya equivocado en las formas, pero en el fondo hizo bien en señalar el abuso de querer vender al Estado terrenos comprados a 4 pesos el metro cuadrado, y revenderlos a 750 dólares.
El tiempo le dará la razón a quien la tenga.
