Conocimos la palabra en 2016, cuando arreciaban las historias de campos contaminados por las fugas de combustible que se escapaban de tomas clandestinas. Puebla ardía. El paso subterráneo de 12 oleoductos, 7 gasoductos y 3 poliductos por la geografía de ese estado convirtió a esa entidad en terreno propicio para la aparición de bandas de huachicoleros que se enriquecieron y se apoderaron de municipios enteros. En las esquinas, cámaras de videovigilancia criminal controlaban las entradas y salidas de los pueblos, y, si fallaban, la gente salía a defender a los criminales frente a la autoridad que hubiera osado asomarse por ahí. Presidentes municipales y policías locales participaban o dirigían el negocio. Todos se beneficiaban: taxistas, comerciantes y transportistas usaban combustible robado y aumentaban así sus márgenes. Cada ducto mal picado derivaba en escenas dantescas de gente corriendo a aprovisionarse de combustible sin consideración alguna por el peligro mortal que corrían.
López Obrador llegó en 2018 y prometió que acabaría con el robo de combustible. Lo consiguió en cierta medida cerrando el ducto Minatitlán-México, el abasto se complicó, pero la violencia en la zona disminuyó.
Comparado con ese huachicol, el otro, el fiscal, el que existe por el diferencial de precios de las gasolinas en Estados Unidos y México, y que consiste en traer gasolina y diésel baratos sin pagar los impuestos correspondientes, ese, se disparó. Frente a este delito, el que ocurría en los ductos de Puebla y de Hidalgo era un juego de niños. Y no sólo por la cantidad de combustible y de dinero involucrada, sino por el nivel de complicidades políticas y administrativas necesarias para que fructifique. Ya no estamos hablando de trabajadores especializados de Pemex que utilizaban su conocimiento para perforar los ductos, ni de presidentes municipales involucrados; aquí se necesita la complicidad de agentes aduanales, de marinos de todos los niveles: inspectores, jefes de las aduanas, directores de laboratorios y, en la cúspide, quien hace los nombramientos precisos en las posiciones correctas para que el tráfico fluya sin contratiempos. A eso hay que agregar a los empresarios transportistas, los dueños de gasolineras y los políticos que, a cambio de permitirlo, o de promoverlo, han recibido enormes cantidades de dinero, suficientes para enriquecerse personalmente, y para aumentar su poder político financiando campañas electorales, propias y de aliados.
Combatir este huachicol es estar auténticamente dispuesto a patear un avispero. Se sabe dónde se empieza, pero no a dónde va a llevar. Las reputaciones y las fortunas en riesgo son poderosas (como prueba, ahí está el homicidio del marino que lo denunció, el que se quitó la vida y uno más que ayer murió en circunstancias extrañas). Tratar de suscribirlo y contenerlo a un grupo de marinos traidores, será prácticamente imposible. Un vistazo al expediente así lo demuestra, cada testimonio revela tentáculos que llevan y vienen de diferentes instituciones y conducen a personajes más o menos prominentes.
Hace mucho que el país necesita una enorme investigación, un maxiproceso que desvista y exponga todo el sistema de corrupción y de complicidades que ha proliferado bajo un manto de impunidad y un pacto de silencio. No es tarea fácil, para hacerlo va a ser falta una convicción sin fisuras y un temple a toda prueba.
