M+ Ahora es México el que sube el tono en la relación bilateral. Luego de que la semana pasada se hiciera público el préstamo que hizo el FBI al War Eagles Air Museum del avión en el que llegó a Estados Unidos El Mayo Zambada, la presidenta Claudia Sheinbaum ha retomado la exigencia de que el gobierno de Estados Unidos explique cuál fue la participación de sus agencias (FBI, DEA, CIA) en esa operación. El FBI reivindica orgulloso la operación y el enojo del gobierno mexicano es comprensible: nunca se les informó, fueron exhibidos por no ser ellos lo que detuvieron al capo y las consecuencias en Sinaloa han sido terribles. Pero la insistencia del gobierno mexicano en solicitar una explicación y de exhibir como mentiroso al gobierno de Estados Unidos es sorprendente.
Recordemos lo que se sabe respecto a lo ocurrido ese 25 de julio de 2024, y que es básicamente gracias a una carta de El Mayo Zambada que hizo pública su abogado: Según El Mayo, él habría sido convocado ese día a una casa a las afueras de Culiacán para mediar entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y su adversario político, Héctor Cuén. Ahí un grupo de hombres lo habría sometido para posteriormente subirlo a un avión que lo llevó junto con un hijo de El Chapo a territorio estadunidense donde los esperaban agentes estadunidenses. En esa carta, El Mayo reveló también que a Cuén lo habían asesinado en esa casa y no como sostenía entonces la Fiscalía del Estado de Sinaloa en un asalto en una gasolinera (lo confirmó más adelante la Fiscalía General de la República sin que nadie esté en la cárcel por esa versión que constituyó, a todas luces, un flagrante intento de encubrimiento).
Desde un inicio se dio por descontado que, de menos, agentes estadunidenses estaban al tanto del operativo de sustracción de El Mayo llevado a cabo por Joaquín Guzmán, hijo de El Chapo. De hecho, agentes del FBI los estaban esperando en el pequeño aeropuerto de Santa Teresa, que no tiene ni torre de control. Ese mismo día, el 25 de julio del 2024, se supo además que Estados Unidos había cambiado las condiciones bajo las cuales Ovidio Guzmán permanecería en prisión mientras transcurría su proceso legal. Y unos meses después, 17 miembros de su familia dejaron Sinaloa e ingresaron sin problemas a Estados Unidos. La negociación fue más que obvia.
Entonces, ¿qué es exactamente lo que busca la Presidenta cuando pide por enésima vez una explicación a Estados Unidos sobre esta operación? Ayer afirmó repetidamente que era importante saber si el exembajador Ken Salazar había mentido cuando en su momento declaró que las agencias estadunidenses no habían tenido nada que ver. ¿Quién miente?, repitió enfática la Presidenta, y aseguró que era importante saberlo. ¿Lo es? ¿Qué ignoramos? ¿O se trata de regresar al tema del intervencionismo de Estados Unidos para quitarle credibilidad a cualquier acusación que venga de ese país y de sus instituciones? ¿O de mostrar que son ellos los que pactan con criminales, como si eso los fuera a detener o a desprestigiar (más)? No se entiende la utilidad de esta narrativa de confrontación: ¿le importa a la mayoría de los mexicanos que el exembajador haya mentido sobre el operativo mediante el cual se detuvo a un líder criminal que nuestro país no pudo detener en más de treinta años? ¿Es esta la batalla que hay que dar?
Por lo pronto, una obsesión difícil de entender.
