En los últimos meses, la Fiscalía General del Estado ha sido sometida a presiones por parte de colectivas feministas y organizaciones de madres buscadoras, para que destine mayores recursos en ambas causas.
El asunto es que no hay presupuesto suficiente para apoyarlas porque, según dicen, los diputados y el propio Gobierno han recortado algunas partidas que afectan directamente su desempeño.
Hace poco más de una semana hubo reunión con grupos feministas y ahí se dijo que tiene la intención de dar repuesta, pero están analizando reubicar fiscales de otras áreas para atender de manera expedita las denuncias.
Sin embargo, también dependen de que el Congreso dé entrada a la iniciativa para llevar a cabo la reforma, a fin de cambiar o adecuar su funcionamiento, pero para ello se requiere más personal y caen donde mismo: falta de recursos.
Se necesita además que las denuncias se levanten de manera presencial (en casos de violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes) y se capacite a los fiscales en cuestiones de paridad de género.
Para el caso de delitos contra mujeres, de preferencia sean fiscales del mismo género las que atiendan. En cuanto a las denuncias virtuales, que sean más rápidas y que la fila de espera en las presenciales no sea mayor a dos horas, porque a veces tardan seis o más horas de espera.
Y por último, que mejoren la plataforma para denuncias en línea, ya que suele desconectarse y la persona debe volver a iniciar la denuncia, y eso hasta que otro agente la atienda.
Algo similar ocurre con las madres buscadoras, que se han quejado de la escasez de dinero oficial, para seguir con su labor, así como el apoyo a las familias afectadas. Hay cientos de víctimas colaterales que merecen ser apoyadas con urgencia.
Está claro que hay razones de peso y de pesos para solucionar las demandas de una sociedad que reclama justicia, pero también parece que falta voluntad política de los diputados y del propio gobernador Samuel García para solucionar los efectos de la violencia.
