Lo que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum fueron incapaces de demostrar en el Poder Judicial de la Federación ocurría en una de las instituciones militares clave de la administración pública: nepotismo y corrupción en la Secretaría de Marina.
El 1 de septiembre de 2019, en su primer Informe, AMLO daba por finalizado el robo de combustible que en enero de aquel año, en la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, tuvo su más trágica expresión con la muerte por fuego de 137 pobladores que ordeñaban un ducto de gasolina de Petróleos Mexicanos.
“Con todo este dolor a cuestas, hoy puedo informar que el robo de combustibles se ha reducido 94 por ciento”, dijo el entonces presidente. “Si me piden expresar en una frase cuál es la estrategia de este gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad”, declaró.
“Nos tocó decir basta (…). Hemos podido eliminar prácticamente esta actividad delictiva”, añadió. “Tenemos que aplicar la ley por parejo, ni huachicol arriba ni huachicol abajo”, mintió, y en posteriores ocasiones aseguró y repitió que no había negocio sucio que no conocieran y consintieran los presidentes (Joaquín López-Dóriga reprodujo ayer en su columna cómo y cuándo lo dijo).
Tres años después —el 23 de noviembre de 2022— de que AMLO se ufanara de haber acabado con el huachicol, Carlos Loret de Mola denunció el huachicol fiscal:
“Una vez más en el gobierno de los que iban a ser diferentes se revela una historia de nepotismo, tráfico de influencias y la corrupción, que ha llegado a altos niveles en la Secretaría de Marina. Fuentes de primera mano de la secretaría han denunciado una trama que opera con el conocimiento de funcionarios de todos los niveles. La red de corrupción la manejan los sobrinos políticos del almirante secretario Rafael Ojeda, los hijos de su cuñada: el contralmirante (ahora ya vicealmirante) Roberto Farías Laguna, quien se desempeña como secretario particular del subsecretario Arellano Ruiz —y nos cuentan que opera la subsecretaría como propia— y el contralmirante Fernando Farías Laguna…”.
Las fechas importan, porque a López Obrador le restaban dos años de gestión y seguramente, a través del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, supo que el propio almirante Ojeda fue quien lo enteró (dice que “hace un año”, o sea en 2024) de lo que hacían sus incómodos sobrinos, pidiéndole que los investigara, pese a que bien pudo él haber hecho las indagaciones con sus áreas de Inteligencia Naval y la contraloría de la Armada.
Si en noviembre de 2022 Loret lo sabía y lo publicó, es imposible imaginar que ni el tío secretario ni el comandante supremo de las fuerzas armadas no estuvieran enterados.
Desde que López Obrador puso al Ejército a construir sus obras emblemáticas y a la Marina a administrar aeropuertos y aduanas, en este espacio afirmé que colocaba a los militares en un sendero de corrupción que, como se ve, la banda de los sobrinos convirtió en autopista…
