Por más que se celebren logros económicos, sociales o de seguridad, ningún gobierno puede sostenerse en la confianza ciudadana si no demuestra, con hechos contundentes, que la corrupción no tiene cabida en su proyecto. En México, donde la impunidad ha sido históricamente la regla y no la excepción, la exigencia ciudadana es clara: quien viole la ley, la pague, sin distinción de partido, cargo o cercanía al poder. Hoy, en el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, esa exigencia cobra una urgencia inaplazable.
La presidenta tiene la gran oportunidad de profundizar el compromiso con la justicia, incluso cuando eso implique tomar decisiones incómodas dentro de su propio círculo y lo ha demostrado al iniciar acciones que para muchos de sus antecesores fueron vedadas por significar escándalos para el régimen en turno o golpes directos a intereses sobre todo económicos importantes.
Ya lo dijo la mandataria la honestidad no es la excepción, es la regla, lo que resonó como un bálsamo para millones de mexicanos hartos de gobiernos que enriquecen a unos pocos mientras condenaban a la mayoría a la pobreza, la desigualdad y la inseguridad.
Es cierto: hay avances innegables. La reducción de la pobreza, los programas sociales universales, la estabilidad macroeconómica y la caída de los homicidios, especialmente en estados gobernados por la oposición, son logros que merecen reconocimiento. Pero ningún logro, por grande que sea, puede justificar la tolerancia ante la corrupción eso lo sabe la presidenta y por ello ha actuado sin importar donde topen sus acciones.
Dos escándalos recientes sacuden los cimientos de grupos en el poder, familiares del ex secretario de Marina vinculados a una trama de contrabando de combustible y evasión fiscal. Por otro, la detención de Hernán Bermúdez ex jefe policiaco y cercano al ex secretario de Gobernación Adán Augusto López, que revela vínculos con la delincuencia organizada.
La puerta está abierta para que se actúe, no para mejorar la imagen o posicionamiento que tiene la mandataria que ya goza de una popularidad hasta 15 puntos porcentuales superior al arranque de su mandato y un amplio reconocimiento del orbe, sino para deshacerse de fantasmas y dar certeza respecto a que hoy más que nunca el respeto a la ley no se negocia.