En una democracia verdadera, el poder no reside únicamente en las urnas, sino también en la forma en que se ejerce la responsabilidad sobre los recursos que pertenecen a todo, el destino del gasto público no es un asunto técnico ni burocrático: es, ante todo, una cuestión de justicia, de derechos y de cumplimiento constitucional. Y es urgente que como sociedad lo entendamos así.
Los recursos públicos, dinero que proviene del pago de impuestos, no son un botín político, ni un caudal discrecional que los gobernantes puedan repartir según su voluntad o conveniencia pues son, en esencia, patrimonio colectivo de la nación, el gobierno no genera riqueza sino que tiene la obligación de administrar y con ello otorgar servicios dignos para todos independientemente del nivel socioeconómico del ciudadano.
Su manejo está regido por principios claros y vinculantes: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Así lo establece el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero más allá de lo administrativo, este mandato tiene una finalidad superior: garantizar los derechos humanos de todas las personas, tal como lo exige el Artículo 1 de nuestra Carta Magna.
Una de las prácticas más dañinas en la cultura política mexicana ha sido la conversión del gasto público en una especie de “regalo” o “favor” o “apoyo” del gobernante. Esta narrativa, profundamente arraigada en el clientelismo, no sólo distorsiona la relación entre Estado y ciudadanos, sino que socava la dignidad de quienes reciben servicios públicos. ¿Acaso un niño que asiste a una escuela pública recibe un favor? ¿O una persona que accede a atención médica en un hospital público está agradeciendo una dádiva?
La respuesta es clara: no. Lo que reciben es el cumplimiento de un derecho, financiado con sus propios impuestos y con los de sus conciudadanos. El Estado debe cumplir con una obligación legal y moral. Reivindicar esta verdad es fundamental para construir una ciudadanía activa, exigente y consciente de su poder.
Es obligación del gobernante hacer uso eficiente, eficaz, económico, transparente y honrado de los recursos públicos de manera imparcial pues la Constitución los obliga, y es derecho de todos tener acceso a ello, no son favores ni grabaciones concesiones. Entendiendo eso incluso nuestro razonamiento al votar será diferente.
Rechazar la lógica de la dádiva es, en última instancia, reafirmar que en una democracia moderna, el poder no se regala: se ejerce con responsabilidad, se financia con justicia y se rinde de forma transparente ante los derechos de todos.
