Durante décadas, Hidalgo fue tratado como una especie de patio trasero industrial: un territorio donde el progreso nacional justificaba la contaminación y donde el impacto en la salud de las comunidades quedó relegado a notas marginales. No es casual que hoy las autoridades hablen de décadas de sacrificio y agravio hecho que no es no es exageración es un diagnóstico incómodo.
Se ha dicho que no puede haber justicia social sin justicia ambiental, una verdad que se ha esquivado por demasiado tiempo. ¿De qué sirve hablar de desarrollo, bienestar o derechos sociales si el aire enferma, el agua contamina y el suelo carga con los residuos de medio siglo? ¿Cómo puede hablarse de equidad cuando algunas regiones respiran progreso y otras respiran combustóleo?
Hidalgo encarna esa contradicción. La región de Tula es un ejemplo claro: 500 toneladas de residuos diarios, ríos convertidos en drenajes industriales, y una presa que evidencia sin filtros lo que significa postergar decisiones esenciales. Ahí no hay justicia social posible lo único que existe es la supervivencia.
El planteamiento del Gobierno de México apunta a esa dirección. El llamado Compromiso 94, la limpieza de la presa Endhó, la recuperación del río Tula, la conversión de la termoeléctrica y el proyecto del Parque de Economía Circular para el Bienestar son pasos en un camino que debió iniciarse hace décadas. Pasos que hoy llegan tarde, sí, pero que al menos reconocen una premisa fundamental: reparar el daño ambiental es condición para reparar el daño social.
No será rápido, ni será sencillo pero la urgencia es evidente. No se trata solo de infraestructura o tecnología, sino de un cambio de modelo que deje atrás la lógica de “zonas de sacrificio” y coloque a las comunidades en el centro de la decisión pública.
Este reconocimiento, aunque tardío, marca un punto de inflexión necesario. La transformación no puede limitarse a meras acciones paliativas; debe ser estructural y profundamente ética. La justicia ambiental en Hidalgo es una deuda histórica que exige un cambio de paradigma total, dejando atrás la visión extractivista y cortoplacista que priorizó la producción a cualquier costo humano y ecológico.
La salud pública en la región de Tula y sus alrededores es una crisis humanitaria silente y la transición hacia un modelo energético y productivo más limpio es ineludible. El coste de no actuar es infinitamente mayor que cualquier inversión que se haga en remediación. Se trata de un imperativo moral y económico. Permitir que la contaminación siga minando la salud y el futuro de estas generaciones es hipotecar el desarrollo del país.
La lucha de los habitantes de Hidalgo es un espejo de lo que sucede en otras "zonas de sacrificio" de México: comunidades que cargan el peso del desarrollo nacional sin participar de sus beneficios.
Por eso la idea de justicia ambiental irrumpe como un principio básico. No se trata solo de limpiar ríos o cerrar tiraderos a cielo abierto. Se trata de reconocer que ninguna política social funciona si las condiciones ambientales siguen siendo las mismas que han dañado a generaciones enteras ahí es donde se tiene que entender que el acceso a un entorno sano es el piso mínimo para vivir con dignidad.
