La captura y eventual muerte de Nemesio Oseguera Cervantes se anunció como se anuncian las victorias militares: con tono solemne y mensaje cerrado. Operativo, enfrentamiento, abatido e identificado. Entregado a la familia. Punto final.
Pero el imaginario del mexicano está históricamente marcado por dudas razonables, alimentadas por el actuar poco claro de muchas autoridades en casos de alto impacto que no logran disipar fácilmente la necesidad de conocer la verdad.
En derecho penal, la “duda razonable” no es sospechar por deporte ni darle oxígeno a delirios digitales. Es algo mucho más sencillo y serio: que la versión del poder debe sustentarse en pruebas que resistan revisión independiente. Si eso no ocurre, la duda no implica mala intención; responde a la necesidad de saber qué pasó realmente.
Cuando los dictámenes forenses no se exhiben completos, cuando la cadena de custodia no se explica con claridad entendible para las mayorías, cuando los tiempos del operativo presentan huecos, el debate deja de ser emocional. Se vuelve técnico. Y ahí es donde el Estado debería sentirse más cómodo, teniendo todos los elementos.
En un país con antecedentes de verdades a medias y anuncios prematuros, pedir evidencia sólida no es rebeldía. La historia reciente nos enseñó que las certezas oficiales pueden cambiar con el tiempo y que la confianza pública no se recupera con comunicados, sino con documentos.
También hay un riesgo político en etiquetar cualquier cuestionamiento como “teoría conspirativa”. Esa reacción puede cerrar filas en el corto plazo, pero mina la credibilidad en el largo.
En un caso específico como este, que pareciera cerrado, la transparencia no debilita al gobierno, lo blinda. Nadie está obligado a desconfiar por sistema; pero tampoco estamos obligados a aceptar sin revisar.
En democracia, la carga de la prueba no la tiene el ciudadano. La tiene quien ejerce el poder. Y si el poder afirma que ha cerrado un capítulo histórico, lo mínimo que puede ofrecer es un expediente capaz de soportar la luz completa. Es sencillo. Disipar cualquier duda sobre cómo sucedieron los hechos es fundamental, porque fortalece la confianza en las autoridades. De lo contrario, la duda razonable permanecerá entre los gobernados… Y no se irá sola.
