Hablar de la infiltración del narco en instituciones de seguridad pública y nacional así como en instituciones de gobierno no es nada nuevo a grado tal que México construyó una narrativa cómoda para explicar la relación entre política y narcotráfico entre trascendidos y acusaciones directas al presidente de atrás, mientras no fuera del mismo gobierno.
El discurso constante era que el crimen infiltraba policías municipales, compraba mandos medios y corrompía territorios aislados en un problema considerado local y acotado o como se decía casos aislados; pero el tema Rubén Rocha Moya amenaza con romper esa versión.
La historia en Sinaloa mezcla investigaciones de Estados Unidos, la captura del Mayo Zambada, disputas internas del Cártel de Sinaloa y presuntas redes de protección política, en donde hay una línea muy delgada entre justicia y operación política
De modo que la acusación presentada en Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios no tendría el mismo impacto si no estuviera precedida por dos elementos cruciales: la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y la fractura violenta del cártel; ahí cambió todo y desde ese momento, el expediente dejó de ser judicial para convertirse también en un problema geopolítico.
Washington apuesta por una estrategia distinta pasando de perseguir capos, a desmantelar las presuntas redes de protección política. Hasta hace unos días, el gobierno estadounidense había mostrado más contundencia mediática que evidencia pública detallada lo que en su momento permitió al entorno de Rocha construir un discurso de persecución política y victimización soberanista.
La reacción oficial inicial en México fue cerrar filas, exigir pruebas y reducir el asunto a un diferendo diplomático. El problema es que el deterioro de la seguridad en Sinaloa, la violencia desatada tras la caída de Zambada y la posterior aparición de ex funcionarios bajo custodia estadounidense hicieron demasiado grande el caso como para encapsularlo en un simple discurso.
Hoy un secretario de Seguridad y un ex secretario de finanzas están en manos y bajo investigación de los Estados Unidos, quienes se presume aportarán cuando menos líneas de investigación que den certeza a las acusaciones hechas contra Rocha Moya; testimonios internos, rutas financieras, filtraciones operativas y posibles mecanismos de protección institucional.
Los casos de narcopolítica generalmente colapsan cuando alguien de adentro decide hablar. La historia reciente de América Latina está llena de ejemplos: gobernadores, presidentes, partidos y estructuras enteras parecían intocables hasta que aparecieron operadores financieros, intermediarios electorales o funcionarios dispuestos a negociar información a cambio de reducir condenas.
La pregunta de fondo ya no es solamente qué tanto el caso Rocha Moya resistirá políticamente… La verdadera pregunta es cuánto de lo que ocurra en este expediente exhibirá el tamaño real de la relación entre poder político y el crimen organizado en México.
