Existe en estos momentos una omisión que preocupa respecto al combate a grupos delictivos de toda índole, hoy la Fiscalía General de la República ha ocupado los titulares de los medios nacionales por la persecución contra 31 académicos, científicos y ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
De hecho es la primera vez que la FGR lleva a cabo acciones como la aquí descrita y se les persigue por la presunta malversación en la entrega de 244 millones de pesos al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, pues se asegura que se destinaron a todo menos a lo que debía de invertirse.
Mientras, la FGR acapara también titulares por la persecución de ex funcionarios del viejo régimen, poco se sabe de acciones en contra de la delincuencia organizada que no es de cuello blanco, aquella que se dedica al narcotráfico, al robo de combustible entre otros que son del fuero federal, mientras son algunas entidades federativas las que se están encargando de detener a estos delincuentes, a los que al final solo se les procesa por delitos del fuero común.
Veamos un ejemplo claro de esto, hace más de un año se detuvo al único cabecilla de un grupo delincuencial catalogado por algunas autoridades federales como cártel, se trata de José Antonio “N” mejor conocido como El Marro, quien actualmente se sabe públicamete que pese a haber sido señalado como líder huachicolero, con actividades relacionadas al narcotráfico y se le detuvo en posesión de armas sancionadas por la Ley Federal de Fuego y Explosivos, hoy solo enfrenta un proceso por secuestro, delitos obvio del fuero común.
Y dónde están las acciones de la autoridad federal en cuanto al resto de los delitos, hoy lo desconocemos, lo que nos lleva a la reflexión si es necesario que las fiscalías puedan contar con facultades para perseguir e investigar delitos del fuero federal como coadyuvantes del Ministerio Público Federal.
Pues de hecho en estados como Guanajuato ya ocurre con suma frecuencia que las autoridades estatales tienen que enfrentar a grupos de la delincuencia organizada cuya principal actividad tiene relación por ejemplo con el narcotráfico y cometen homicidios por los cuales resultan vinculados, pero el delito de raíz queda sin castigo.
Claro, responsabilidades deberán venir con recursos y es ahí donde se estropea todo, pues de la bolsa federal pocos recursos terminan en los estados y muchos menos en apoyo a la seguridad pública.
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