En el paquete financiero entregado al Congreso, un estudio de Valuaciones Actuariales del Norte señala que el fondo del Fondo de Pensiones de Jalisco se va a agotar en 2030. Es decir, dentro de cinco años. Pero existe una solución, subir las cuotas de aportación de los trabajadores y transitar a un modelo de cuentas individuales. Porque si algo ha fallado, claro, es el trabajador, ¡que no aporta suficiente!
Según el estudio, el modelo actual —que ya en 2009 aumentó las aportaciones del 13% al 32%— es insuficiente, así que proponen llevarlo hasta el 62% de la nómina entre 2024 y 2070. Nada más. Una bicoca. Y si no quieren cargar con semejante lastre, entonces cuentas individuales, donde cada quien se rasca con sus propias uñas. La vejez como ruleta rusa, patrocinada por Jalisco.
Claro, el estudio aclara que este modelo “garantiza estabilidad”, pero omite que traslada toda la responsabilidad del quebranto de Ipejal al trabajador. Así, cuando no le alcance para jubilarse dignamente, ya no será culpa de quienes decidieron inversiones fallidas, ni de la pésima conducción del Ipejal; será solo culpa de los trabajadores por no haber ganado lo suficiente o por no haber invertido sus ahorros como Warren Buffett.
Tal vez, antes de pedir más sacrificios a los trabajadores, hay una pregunta elemental que no se ha respondido, ¿quién va a asegurar que nunca más un funcionario público use el dinero de los trabajadores para hacer negocios corruptos o inversiones fallidas?
Porque hasta ahora, ese ha sido el verdadero hoyo negro del IPEJAL, que acredita un historial de inversiones desastrosas, fraudes multimillonarios maquillados de “reactivación económica”, y decisiones patrimoniales que beneficiarían más a una inmobiliaria privada, que a un fondo de pensiones. Chalacatepec, Abengoa, Transportes Marítimos, Villas Panamericanas… Una antología del horror financiero digna de estudio en Harvard, pero como advertencia.
¿Y la cereza del pastel? Que los socios de Green Life Capital —empresa creada con dinero desviado del FOJAL para comprar los mismos departamentos que ahora se recuperan— “no sabían el origen de los recursos” y que por lo tanto no enfrentarán cargos. Qué conveniente. Entonces, ¿quién se quedó con los 4 mil millones de pesos que se ha exigido auditar?
Mientras tanto, hay más de 48 mil pensionados, muchos de ellos con retrasos en pagos, con desabasto de medicamentos al 80%, mientras el Ipejal goza de una estructura administrativa creciente con 44 coordinadores de área, 24 gerencias y 20 millones de pesos anuales solo en nómina burocrática. Una estructura dedicada a los negocios para ellos mismos, a dilapidar los recursos de Ipejal e invertir el dinero donde no se pueda recuperar.
Y en este contexto, se atreven a sugerirle al trabajador que debe aportar más. Que se prepare para el “modelo individual”. Que es por su bien. Antes de hablar de sostenibilidad financiera, habría que discutir sobre sostenibilidad ética y legal. De controles efectivos por parte del Congreso y de vigilancia permanente. De un modelo que NO arriesgue el dinero ajeno (de los trabajadores) para pagar favores políticos, impulsar desarrollos a particulares y edificar ilegalmente ‘elefantes blancos’.
Antes de pedir más cuotas, se necesita una garantía estructural y legal, una transformación real de Ipejal, para que ningún peso más del fondo sea utilizado para enriquecer a particulares o financiar proyectos absurdos de amigos ‘empresarios’. Que el dinero de los trabajadores se invierta solo en instrumentos financieros seguros y regulados, no en castillos de arena disfrazados de “desarrollo”, que son auténticos atracos al dinero de las aportaciones de los trabajadores. Esa es la verdadera causa del quebranto del Ipejal.
La crisis del IPEJAL no es financiera, es política y ética. El Instituto está al borde de la quiebra, por gobiernos de tres signos políticos (PAN, PRI y MC) que continuaron el saqueo iniciado por Emilio González Márquez. El gobernador Lemus tiene la oportunidad de cortar de raíz la red de impunidad y corrupción que ha convertido el Ipejal en un botín, en una bolsa de recursos no fiscalizable, suculenta para el fraude. Sin ello, la ‘reforma’ será apenas un parche, en una herida que sigue supurando irritación.
