El reciente Censo Nacional de Impartición de Justicia 2024, elaborado por el INEGI, desnuda una crisis estructural en el sistema judicial mexicano, con especial crudeza en Jalisco. Aunque la entidad ocupa los primeros lugares en número de órganos judiciales, personal y sentencias emitidas, el trasfondo revela un aparato saturado, ineficiente y profundamente rebasado por la realidad criminal y social del estado.
Jalisco reportó en 2024 más de 40 mil causas penales pendientes, solo detrás del Estado de México y Tabasco. Este dato, lejos de ser anecdótico, exhibe una parálisis sistémica, pues ingresaron casi 13 mil casos penales, pero solo se resolvieron poco más de 3 mil, lo que da cuenta de una maquinaria incapaz de procesar su propia carga. A esto se suma un dato alarmante, ya que el 47% de las detenciones son ilegales, lo que socava cualquier intento de justicia desde su origen.
La paradoja es delicada, pues Jalisco lidera en expedientes iniciados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), muestra capacidad técnica y presupuesto relevante (2,533 millones de pesos), y sin embargo ostenta una tasa de impunidad de 99.12%. De 137 mil delitos denunciados, apenas 797 derivaron en una sentencia. Pareciera que la impunidad es la regla, no la excepción.
A ello se suma el drama humanitario, pues tristemente Jalisco es el primer lugar nacional en desapariciones, con más de 15 mil personas ausentes. Entre 2018 y 2025, la justicia apenas ha producido 52 sentencias por este delito. La ausencia de resultados revela no solo ineficiencia, sino una preocupante connivencia institucional.
En este contexto, las declaraciones del gobernador Pablo Lemus sobre fortalecer un Poder Judicial de carrera resultan muy oportunas, no obstante, tardías. No bastará con seleccionar a los “mejores perfiles”, si no se transforma el sistema judicial desde sus cimientos. Es decir, sino se dota de autonomía real a este poder, si no se establecen controles reales para la corrupción, vigilancia social y mucha voluntad política para que las cosas mejoren.
Jalisco no necesita más discursos; le urge que el derecho se use para que la justicia no tarde, no falte y no sea privilegio para unos cuantos.
