Mientras se presume un “presupuesto histórico” y cifras supuestamente alentadoras sobre desapariciones, el subsuelo de Jalisco sigue devolviendo restos humanos en bolsas. El contraste entre el discurso y la realidad de las fosas clandestinas revela una política que administra la muerte con simulación, omisiones y normalización.
A menos de 20 kilómetros del Estadio Akron —sede del Mundial 2026—, el subsuelo de Jalisco acumula más de 500 bolsas con restos humanos. La cifra, grotesca por sí misma, sería suficiente para desbordar cualquier relato público. Sin embargo, la maquinaria institucional ha perfeccionado el arte de maquillar cifras, administrar el duelo y normalizar la desaparición.
Según el más reciente corte del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, al cierre de noviembre de 2025, Jalisco reporta 16 mil 41 personas no localizadas. Pero la cifra real podría ser mucho mayor. A este número habría que sumar al menos 398 personas que, aunque siguen desaparecidas, fueron clasificadas como “casos cerrados” por no ser “competencia del delito” o de la autoridad estatal. La contabilidad oficial selecciona lo que quiere ver y excluye lo que le estorba.
Y aún con estos ajustes, el acumulado no se detiene, pues cada día se denuncian entre seis y siete desapariciones. La aparente reducción mensual es apenas una ilusión estadística. Como lo ha señalado el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), la disminución en reportes no puede interpretarse como éxito institucional, si el número total de personas desaparecidas sigue en aumento.
Pero más allá de las cifras, lo que debería provocar indignación colectiva es el contraste entre el relato de éxito presupuestal, y la precariedad operativa de las instituciones encargadas de la búsqueda, identificación y atención a víctimas. Mientras Jalisco presume un “presupuesto histórico” de más de 182 mil millones de pesos, apenas se asignaron 130 millones para la agenda de desapariciones, cuando se solicitaron 350 millones de pesos. Lo más grave es que se redujo en un 99.65% el rubro de atención directa a familiares de personas desaparecidas, desapareciendo subsidios al transporte y medidas de apoyo mínimo.
La lógica detrás de estas decisiones parece clara, pues es más rentable ‘invertir’ en videovigilancia, megaproyectos y espectáculo internacional, que en atender una emergencia humanitaria de la que se prefiere no hablar. Zapopan, municipio sede del Estadio Akron, concentra el mayor número de personas desaparecidas en el estado (2 mil 848 casos). Y es en su territorio donde han sido halladas al menos ocho fosas clandestinas en el último año.
Así que mientras se celebra la llegada del Mundial de Fútbol, nos olvidamos que los colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco localizan cuerpos en antiguos talleres mecánicos, arroyos y zonas de difícil acceso sin apoyo suficiente de las autoridades. Peor aún, cuando se solicitan herramientas tecnológicas como análisis de resistividad eléctrica (capaces de detectar indicios de restos humanos), el Ministerio Público simplemente no las emplea.
Las instituciones, en lugar de robustecerse, han sido debilitadas. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que actualmente resguarda alrededor de 1,300 cuerpos sin identificar y 8,000 segmentos humanos, ha sufrido recortes. La Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, duramente cuestionada por familias de víctimas, también ha sido marginada presupuestalmente. La simulación se consuma con las bolsas que se apilan, pero no se investigan.
Como lo ha señalado Fundar, en 2024 menos de tres centavos por cada 100 pesos del presupuesto estatal se destinaron a identificación de cuerpos. No hay manera de explicar esto como un error técnico o una omisión burocrática. Es una decisión política. Es la administración contable de una tragedia estructural. Es la inacción como política pública.
No es cierto que Jalisco esté mejor. Lo único que mejora es su discurso. Mientras tanto, la realidad sigue ahí, bajo tierra, esperando ser exhumada por las manos de madres, hermanas, hijas y buscadoras.
Las fosas no solo ocultan cuerpos, revelan el colapso y la indolencia de una entidad federativa que ya administra la desaparición como rutina institucional.
