El combate a la corrupción en Jalisco es, más que una política efectiva, un conjunto de gestos simbólicos y acciones fragmentadas que apenas rozan la superficie del problema. La Fiscalía Anticorrupción, creada con altas expectativas en 2018, acumula cifras que acusan su bajo impacto en términos de justicia y reparación del daño.
En siete años de operación, esta instancia ha iniciado más de 1,200 carpetas de investigación y judicializado más de 500 expedientes desde su fundación. No obstante, solo ha obtenido 18 sentencias condenatorias firmes. Esto equivale a una tasa de éxito judicial de apenas el 3.6%, una cifra irrisoria si se considera el volumen de denuncias y la complejidad de los casos.
El dato más alarmante es la desproporción entre imputaciones y resoluciones. Se han vinculado a proceso 415 funcionarios públicos, entre ellos jueces, magistrados, regidores, presidentes municipales, policías, e incluso dos ex secretarios de Salud. Sin embargo, más del 95% de estos casos permanece en el limbo judicial o se ha resuelto mediante suspensiones condicionales del proceso, una figura legal que, si bien tiene sustento jurídico, ha sido utilizada en más de un centenar de ocasiones sin claridad sobre los criterios aplicados, ni sobre el monto real de las reparaciones obtenidas.
El sesgo en la aplicación de la justicia también es notorio. La mayor parte de los casos se ha concentrado en agentes viales y policías municipales, como si la corrupción fuera un fenómeno exclusivo de las bases operativas del gobierno. La Policía Vial, por ejemplo, acumula 231 expedientes con 270 elementos involucrados, mientras que, tras siete años de operación, la Fiscalía Anticorrupción no actuó con firmeza en casos de alto impacto como el millonario arrendamiento del programa “A Toda Máquina”, por el que se pagaron más de 3,600 millones de pesos a la empresa Operadora de Servicios Mega, sin que exista una sola imputación penal, pese a las irregularidades detectadas por la Contraloría.
Tampoco se ha tocado a ningún funcionario del gobierno estatal pasado, a pesar de denuncias públicas, auditorías y hallazgos que involucran desvíos por combustible asignado a vehículos descompuestos o dados de baja, así como la cancelación irregular de más de 114 mil multas en la Secretaría de Seguridad. A ello se suma el escandaloso y prolongado saqueo al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), donde se acumulan inversiones deliberadamente fallidas, compras a sobreprecio y desvíos millonarios en empresas fantasmas o de alto riesgo, que han puesto en jaque los ahorros de miles de trabajadores y jubilados. La inacción en estos casos no es casual ni burocrática, es estructural, y revela una Fiscalía más interesada en proteger las cúpulas del poder, que en aplicar la ley con probidad.
Uno de los casos paradigmáticos es el del Rancho Izaguirre, que involucra a doce servidores públicos y conexiones con presuntas redes de huachicol a nivel nacional. Sin embargo, aún se encuentra en espera de audiencia judicial, lo que deja en evidencia la inercia y la falta de presión institucional para avanzar en casos emblemáticos.
Esta Fiscalía ha sido usada como herramienta de amago político, más interesada en exhibir enemigos que en erradicar redes sistémicas de corrupción. La falta de resultados concretos, la inexistencia de sentencias contra altos funcionarios de gobiernos recientes y el uso discrecional de figuras procesales, sugieren una justicia selectiva, útil solo en términos mediáticos o de control político. Un arma punitiva al servicio del gobernador en turno.
Si a esto sumamos que el Fiscal Anticorrupción concluye su encargo sin haber impulsado reformas estructurales, como la eliminación de la prescripción en delitos de corrupción o la tipificación clara de conductas delictivas hoy en el vacío normativo, el balance es muy desalentador.
A siete años de su creación, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco está atrapada entre la simulación y la parálisis. La Fiscalía Anticorrupción ha sido como una alarma sin batería que está instalada, pero no suena cuando se necesita. La corrupción duerme tranquila. En Jalisco, la impunidad no se combate, se administra. Y la corrupción, lejos de temerle a la justicia, le tiene bien tomada la medida.
