La propuesta de José Luis Tostado de analizar la posible desaparición del SIAPA tiene una virtud evidente. Rompe la comodidad del silencio. Nos obliga a pensar una contradicción gestionada durante años con notable conveniencia. El agua es municipal cuando hay que responder por pésimo servicio, pero se vuelve del gobierno estatal cuando hay que anunciar obras, deuda, plantas, acueductos, y… licitaciones. Porque cuando hay obra, ‘algo sobra’.
El artículo 115 constitucional señala que el agua potable, el drenaje, el alcantarillado, el tratamiento y la disposición de aguas residuales son servicios a cargo de los municipios. Pueden coordinarse, asociarse o convenir con el Estado. Pero no pueden desaparecer de la escena como si el SIAPA fuera una criatura ajena. El organismo puede operar las tuberías, pero la obligación constitucional tiene rostro municipal.
En ese punto, Tostado acierta. El SIAPA se ha convertido en un cuarto oscuro inviable. Sirve para que algunos entren a saquear cuando hay presupuesto, y para que todos salgan cuando hay responsabilidades. Los alcaldes pueden decir que el problema es del organismo. El gobierno estatal puede decir que el servicio es municipal. Los diputados pueden pedir explicaciones que no llegarán. Y mientras tanto, la gente abre la llave y recibe la prueba física de la incompetencia tácita de todos los gobiernos.
Pero una cosa es hacer correctamente la pregunta, y otra muy distinta es tener la respuesta. Desaparecer el SIAPA suena fuerte. Pero la desaparición de un organismo no purifica el agua. Tampoco repara redes, acredita laboratorios, limpia tanques ni identifica contaminantes. Cambiar el nombre del SIAPA no resolverá la contaminación de fondo.
El riesgo es mayor porque el agua de la metrópoli no cabe en los límites de un ayuntamiento. Las fuentes, plantas, líneas de conducción, tanques, redes, drenajes y descargas forman un sistema integrado. Si cada municipio intenta hacerse cargo por separado de un problema hidráulicamente común, podríamos pasar de un organismo opaco, a varias opacidades pequeñas. Tarifas distintas, capacidades desiguales, responsabilidades fragmentadas y otra vez un derecho conculcado.
El SIAPA tiene ley, patrimonio, estructura y facultades. Su problema no está en el sustento legal, sino en la operación putrefacta que lo sostiene. Es un organismo estatal, pero que opera una servicio municipal. Ahí nace el problema. El Estado nombra, administra y anuncia, pero los municipios deben responder constitucionalmente. La ciudadanía queda atrapada entre ambos ámbitos de gobierno sin respuestas.
Justo por eso la propuesta debe tomarse en serio. Para eliminar el SIAPA habría que saber qué se quiere construir en su lugar. Un regreso simple a los municipios sería insuficiente. Un nuevo organismo estatal bajo el mismo modelo sería peor. Una privatización encubierta bajo el lenguaje de la eficiencia, es todavía más peligrosa.
La discusión no es si el SIAPA continúa. La discusión es, ¿quién debe responder por el agua, quién entiende de ello, quién la supervisa y quién asume cuando falla? También debe preguntarse, ¿quién decide las obras, con qué estudios y con qué vigilancia del Congreso? En la crisis actual, el problema no es la falta de dinero. Es la ausencia de diagnóstico técnico y de una conducción donde los expertos en agua pesen más que los políticos constructores y los intereses inmobiliarios.
Tostado abre una puerta incómoda y ahora eso tiene mucho valor. Si desaparecer el SIAPA significa que los municipios asumirán con exactitud su obligación constitucional, que habrá datos públicos, control vecinal, conducción técnica y una nueva arquitectura metropolitana, entonces la propuesta merece discutirse a fondo. Si sólo significa repartir culpas, preparar otra deuda o cambiar la fachada del mismo modelo, será un fracaso más.
La gente no necesita saber qué nivel de gobierno se culpa mejor. Demanda agua limpia, información cierta y autoridades que respondan. El SIAPA puede ser reformado, sustituido o desmontado. Pero antes de desaparecer al organismo hay que impedir que se fugue la responsabilidad. De lo contrario, Jalisco sólo habrá cambiado el nombre del problema. El agua seguirá sucia y los responsables de ello, seguirán enriqueciéndose con un mal servicio.
