El enredo ha merecido varios días de infructuosa dilucidación. Mientras el gobierno de México acusa a Ken Salazar de mentiroso —y también de violar la soberanía nacional con la captura de Ismael Zambada García—, el exembajador estadunidense sostiene que ni él ni el Departamento de Justicia fueron responsables del secuestro de El Mayo en territorio mexicano, y que no hubo violación alguna a la soberanía, pues la detención del criminal ocurrió cuando este ya se encontraba en territorio estadunidense.
Como toda buena intriga, esta se sostiene sobre datos y hechos corroborables, pero también sobre información difícil de probar. Distinguir entre unos y otra permite apartarse de la especulación que, hasta ahora, domina el pleito diplomático entre los dos países.
Conviene comenzar precisando lo que se sabe de manera sólida. Primero: Ismael Zambada García, líder prominente del cártel de Sinaloa durante más de cuatro décadas, tenía orden de captura en cinco tribunales federales distintos (Columbia, Illinois, Texas, California y Nueva York).
Segundo: el jueves 25 de julio fue secuestrado en Sinaloa y trasladado por la fuerza al aeropuerto de Doña Ana, en el condado de Santa Teresa, estado de Nuevo México. Tercero: en ese aeropuerto fue formalmente detenido por el FBI. Cuarto: el responsable confeso del secuestro fue Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán —antiguo socio de El Mayo—.
Quinto: la operación fue bautizada como “Air Kings” (Reyes del Aire), según consta en un documento interno del FBI. La misma nomenclatura aparece en un correo electrónico firmado por Kimberly Carrillo, oficial de relaciones públicas de esa dependencia.
Sexto: tras la captura de Zambada se firmó un acuerdo entre la fiscalía de Illinois y Joaquín Guzmán López que, entre otros beneficios, contempla una sentencia reducida para él y la inclusión de su hermano Ovidio Guzmán López en la lista de testigos protegidos. De hecho, el mismo día en que Zambada aterrizó en Nuevo México, Ovidio obtuvo un cambio en su medida cautelar.
Séptimo: mes y medio antes de que Zambada fuera secuestrado en Culiacán, diecisiete familiares directos de Joaquín y Ovidio Guzmán —entre ellos su madre, Griselda López Pérez— cruzaron la frontera de Tijuana hacia Estados Unidos. Del otro lado de la garita los recibió el FBI, dependencia que les proporcionó identidades nuevas, permisos de residencia y de trabajo, y recursos para rehacer su vida desde cero. Además de sus maletas, cada uno viajó con 70 mil dólares en efectivo.
Hasta aquí, lo que se sabe con certeza. Procedo ahora con lo que se ha dicho, pero no puede probarse.
El periodista Luis Chaparro —cuyo reportaje es la principal fuente de las acusaciones del gobierno de Claudia Sheinbaum— asegura que, antes del secuestro de Ismael Zambada, el gobierno de Estados Unidos informó a las autoridades mexicanas sobre su ubicación. Ante la inacción de la contraparte, el FBI habría trazado un “plan B” para detener al líder criminal.
Aquí el gobierno de Sheinbaum enfrenta un problema: si concede credibilidad a Chaparro respecto a la participación del FBI en la captura de El Mayo, tendría que dársela también a la versión del “plan B” y, por tanto, se vería obligado a explicar las razones de su propia negligencia. Lo cierto es que, salvo el dicho de Chaparro, nada permite confirmar la existencia de un “plan A” que, al fracasar, haya derivado en un “plan B”.
Tampoco es posible probar que el FBI haya participado, con agentes en territorio mexicano, en el secuestro de Zambada. Lo corroborado es que Joaquín Guzmán López fue el autor material; no existe una sola prueba de que funcionarios estadunidenses estuvieran presentes el 25 de julio de 2024 en Culiacán para someter y plagiar al máximo líder del cártel de Sinaloa.
Tampoco hay evidencia que permita afirmar que Ken Salazar conociera del operativo. El exembajador declaró entonces, y ha repetido hace poco, que “no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación”.
Estas frases no excluyen la posibilidad de que el gobierno estadunidense supiera lo que iba a ocurrir, e incluso de que el FBI fuera el autor intelectual del plagio. Sin embargo, que esa dependencia haya recibido a Zambada en Nuevo México no basta para probar jurídicamente dicha autoría.
Más difícil todavía es suponer que haber planeado la operación, sin intervención directa en territorio mexicano, constituya una violación a la soberanía.
El gobierno mexicano afirmó, por otro lado, que los acuerdos entre el Departamento de Justicia y la familia Guzmán son ilegales. El rigor obliga a señalar que la legislación estadunidense prevé este tipo de pactos, en los que se ofrece inmunidad a cambio de información y de la aceptación de culpabilidad. Las leyes mexicanas han copiado ese mismo modelo, con las figuras del testigo cooperante y la reducción de penas. No hay sustento, pues, para hablar tampoco de un acuerdo ilegal.
La intriga termina aquí. Los reclamos del gobierno mexicano no tienen de dónde sostenerse. Si no puede probarse que el FBI participó materialmente en el secuestro, tampoco puede argumentarse que hubo violación a la soberanía. Si no existe evidencia de que Ken Salazar supiera de antemano de la captura de Zambada, no debería señalársele como mentiroso. Y si tanto la ley estadunidense como la mexicana prevén acuerdos de culpabilidad y protección de testigos, no cabe hablar de pactos ilegales.
¿Por qué, entonces, desgastar la relación bilateral con este sinsentido? Esa es la pregunta que produce la mayor de las intrigas. ¿Qué busca realmente Claudia Sheinbaum al concederle tanta importancia al asunto?
Es evidente que su gobierno ha decidido dejar de cooperar con el de Estados Unidos. El caso Rubén Rocha rompió la coordinación entre ambos países y la mandataria parece dispuesta a ensanchar la brecha que la separa de la administración de Trump. La confianza entre las dos naciones hace agua. Es lo único sobre lo que ya no cabe ninguna duda.
