La entrada en vigor del TLC, en 1994, provocó un cambio radical en la economía mexicana. Aquel tratado comercial ofreció un horizonte confiable de mediano plazo para la inversión y el desarrollo del país.
México venía de una década incierta, marcada por la crisis de la deuda y por un manejo errático de las políticas monetaria y hacendaria.
Más allá de las ventajas comerciales de aquel acuerdo —que ciertamente impulsaron la capacidad exportadora del país—, lo más relevante del TLC fue el compromiso político para consolidar instituciones confiables.
Entre ellas vale mencionar la autonomía del Banco de México, el fortalecimiento del Inegi como organismo responsable de producir datos públicos creíbles, el nacimiento de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar el gasto público o la reforma judicial de 1994, orientada a despolitizar las decisiones del Poder Judicial.
La noticia de ayer —que el T-MEC no se renovará por los próximos 16 años y que, por tanto, el acuerdo podría fenecer en 2036— pone en cuestión, más que el actual flujo de exportaciones, el entramado que ha dado confianza a la economía mexicana desde los años noventa del siglo pasado.
Si la moneda mexicana ha ganado reputación y la inversión extranjera ha crecido de manera notable, es por la confianza construida gracias a los cambios y las instituciones que el país se impuso en armonía con las exigencias del tratado.
Gracias al TLC, y luego al T-MEC, México se convirtió en una potencia exportadora. A pesar de las trabas que puedan imponer las revisiones anuales anunciadas, la capacidad humana y de infraestructura acumulada permiten suponer que el país mantendrá su vocación comercial hacia el exterior y que, con inteligencia, logrará diversificarse en la próxima década para depender menos de Norteamérica.
Hay, sin embargo, un riesgo latente: descuidar el capital institucional conseguido. Sería el peor error, porque el T-MEC, en su nueva versión, ya no servirá para ofrecer las garantías de mediano plazo que había entregado hasta ahora.
Zoom: Más certidumbre jurídica e institucional, mayor predictibilidad de las políticas económicas, mejor seguridad para la inversión y diversificación del destino de nuestras exportaciones tendrían que ser la respuesta puntual de México a la decisión de Estados Unidos de no renovar el T-MEC.
