M+.- Devenido crítico implacable de su partido Morena y de su correligionario pero examigo presidente, Porfirio Muñoz Ledo advirtió en junio de 2022, a dos años de la sucesión y uno de fallecer, que López Obrador quería “heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes”; hacer una peligrosa “transferencia de lealtades y asociaciones”.
Como invitado especial en Ciudad de México de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), afirmó que AMLO suponía que legar sus narcorrelaciones “le otorga mayor poder, porque además de tener la autoridad y los recursos del gobierno federal, éstos se suman a los del narcotráfico y no hay nada que se le pueda oponer”.
El año anterior, en las elecciones de 2021, abundaron las denuncias de intimidaciones, asesinatos y secuestros de opositores y de que en las gubernaturas de las entidades del litoral del Pacífico ganaron los morenistas debido al violento y financiero apoyo de las bandas criminales.
Muñoz Ledo pidió a López Obrador “entender que su contubernio o alianza con el narco no es heredable…”.
Pese a mi admiración por su fulgurante inteligencia (para mí fue el Octavio Paz de la política), escribí que se le había pasado la mano porque me parecía impensable que AMLO tuviera pactos con criminales y además quisiera endosar sus acuerdos a quien lo sucediera.
Lamento mi ingenuidad, Muñoz Ledo tenía razón.
Buena parte de la herencia maldita que recibió la presidenta Sheinbaum ––además de los muchos fanáticos incondicionales que su mentor incrustó en el actual equipo presidencial–– son las complicidades, explícitas e implícitas, con el narcotráfico.
Para demostrarlo sobran ejemplos, anoto sólo dos:
a) La protección a Rocha Moya y sus secuaces y
b) El huachicol fiscal de que se responsabiliza a los hermanos exmarinos Farías Laguna.
En el primer caso, el propio Rocha confesaba que perdió en la encuesta para la selección interna de candidatos de Morena, pero que lo impuso AMLO. Y pese a la evidencia de que sus extitulares de Finanzas y Seguridad se entregaron sin chistar en Estados Unidos, al exgobernador, al senador Insunza y a los otros seis requeridos (uno de éstos coautor del videomontaje del asesinato del exrector Héctor Melesio Cuén), el régimen los protege aduciendo que “no hay pruebas” de los delitos que les achaca el Departamento de Justicia.
Y en el segundo, la Fiscalía General de la República sigue dizque “sin localizar” al exsecretario de Marina con AMLO, José Rafael Ojeda Durán, para que declare ministerialmente sobre la denuncia que le hizo en persona y en una carta el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien fue asesinado en Manzanillo al mes de habérselo informado también al actual titular de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.
La fiscalía y el gobierno arguyen “seguridad nacional” para mantener su hermetismo y proteccióna Rocha y al almirante Ojeda, lo que refuerza el narcopacto legado por AMLO del que alertó Porfirio...
