M+ Uno de los efectos más abominables de la demencial reforma judicial que impuso Andrés Manuel López Obrador será la comparecencia, hoy jueves a las diez de la mañana, de la jueza en retiro forzado Martha Magaña López ante los inquisidores del Tribunal de Disciplina Judicial, por haber ejercido con independencia sus atribuciones y otorgar, en agosto de 2024, una suspensión provisional relacionada con dos juicios de amparo cuando era titular del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos.
La medida que ordenó entonces —primera de las incontables que se giraron contra el virtual golpe de Estado— fue frenar temporalmente el proceso legislativo de la iniciativa cuya aprobación dinamitó la separación republicana de poderes, y en septiembre de ese año concedió una suspensión definitiva.
El citatorio asalta la razón porque a los jueces, magistrados y ministros no se les debe juzgar por sus determinaciones.
Por improcedente, la denuncia administrativa en su contra fue inicialmente desechada, pero el presidente del Órgano de Administración Judicial —otro engendro incubado en la reforma—, Néstor Vargas Solano, promovió un recurso de reclamación que derivó en la continuación del procedimiento y en la comparecencia de hoy.
Indignante y absurdo, el caso es más grave porque Vargas Solano fue consejero jurídico de la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cuando ella fungió como jefa de Gobierno de Ciudad de México.
En lo formal se trata de un procedimiento de responsabilidad administrativa, pero en el fondo es un evidente y canallesco acto de venganza.
Si hace dos años el régimen estuvo en desacuerdo con las resoluciones de Magaña, ¿por qué no las combatió mediante los recursos previstos en la legislación y no a través de una coartada “disciplinaria”?
“La diferencia que tiene este tribunal con el anterior Consejo de la Judicatura es que este sí puede analizar tu criterio, o sea, puede decir si lo que hiciste en una sentencia o en un acuerdo para él es correcto o incorrecto legalmente”, comenta la perseguida.
En el colmo de la sevicia, existen otros juzgadores sujetos al mismo represivo procedimiento por otras suspensiones y con la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, que en México se aplica de espaldas a sus compromisos internacionales en derechos humanos.
Martha cree que la intención es utilizarla para enviar el mensaje de que se sancionará e inhabilitará a juzgadores de carrera judicial que continúan en funciones (en 2028 viene la segunda parte de la devastadora reforma).
Por lo pronto, la jueza ha recibido abundantes muestras de apoyo de sus compañeros en desgracia, incluidos trabajadores y extrabajadores de base del degradado Poder Judicial y eso la hace sentirse arropada.
En opinión de la magistrada (en retiro forzado también) María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, lo que el Tribunal quiere instituir es “la disciplina del miedo…”.
