M+.- Dos hombres en motocicleta siguieron su camioneta por la avenida Lázaro Cárdenas de Manzanillo. El que iba atrás se bajó, corrió hacia el vehículo y, cuando estuvo seguro de que no podía fallar, disparó una pistola calibre 9 milímetros. Aquel viernes 8 de noviembre de 2024, esas balas apagaron la vida del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, conocido entre los suyos como el Jefe Warrior. Lo mataron en Manzanillo, Colima, el puerto donde creció.
Pasaron un año, diez meses y veintitrés días entre aquel crimen y la captura de quien podría haber sido su autor intelectual. En la noche del jueves 1 de octubre, el capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz fue detenido en Zapopan, Jalisco. Cayó por sorpresa, en un operativo sigiloso de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Una semana después, la jueza Mariana Vieyra Valdés vinculó a proceso al Capitán Sol por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos. La FGR lo señala como el operador central de una extensa red de contrabando de combustible encabezada, presuntamente, por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, marinos de alto rango durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Las vidas paralelas del Jefe Warrior y del Capitán Sol son algo más que una anécdota. Cuentan la tragedia de la Armada de México, una de las instituciones más respetadas que tuvo el Estado mexicano. Hay indicios suficientes para afirmar que al primero le arrebataron la vida por denunciar la corrupción del segundo. ¿Por qué, entonces, la FGR no se ha atrevido a inculpar a Solano por el asesinato de Guerrero Alcántar?
En este caso, castigar al criminal tiene todo que ver con el reconocimiento que merece quien murió por cumplir con su deber.
Se conocieron en 1994, en los pasillos de la Heroica Escuela Naval Militar. Miguel Solano cursaba el primer año y Fernando Guerrero, el último. Treinta años después, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, le ordenó escribir de su puño y letra la denuncia contra la red de huachicol en la que el Capitán Sol tuvo un papel principal. En ese texto Guerrero dejó constancia de una amistad que venía de aquellos años.
Después de graduarse como ingeniero en Ciencias Navales, Guerrero subió por la escalera habitual: hizo sus primeras prácticas en Tampico y luego lo destinaron a Ensenada y a Yucatán. Más tarde ingresó a la Sección Segunda, el área de la Semar dedicada a producir inteligencia. Estuvo entre los fundadores de la Unidad de Inteligencia Naval (UIN), que tendría un papel estratégico en la persecución de los principales capos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Solano, por su lado, fue enviado a Topolobampo, Sinaloa, donde volvió a coincidir con Guerrero: juntos patrullaron esa costa y participaron en aseguramientos de droga. Más tarde se incorporó a la subsección de la Semar dedicada a perseguir el narcotráfico.
La vida los reunió de nuevo en la segunda década de este siglo, cuando ambos fueron comisionados a la entonces PGR. Solano llegó primero al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi); Guerrero, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
Entre 2015 y 2017, el capitán Sol fue jefe de oficina de Gustavo Salas, titular de la Seido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahí coincidió con Guerrero Alcántar, que fue primero director general adjunto de Seguridad y después director general de Tecnología, Seguridad y Apoyo a la Investigación de esa subprocuraduría.
Antes de que terminara aquel sexenio, Solano pidió su retiro de la Marina. Guerrero Alcántar, en cambio, volvió a la Semar y siguió ascendiendo. Cursó el diplomado de Estado Mayor en el Centro de Estudios Superiores Navales y después fue comisionado a las aduanas marítimas de Manzanillo, Pantaco y Veracruz. En las tres dejó huella de su trabajo de limpieza. En Pantaco decomisó un cargamento de precursores químicos declarado como colorantes, y en Veracruz cerró un acceso por el que entraban y salían tráileres sin control.
Probablemente por esas denuncias, en 2023 lo reubicaron en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en un puesto burocrático: director general de Recaudación.
Para entonces ya había concluido que su viejo amigo, el capitán Sol, había traicionado a la Marina. No tardó en desentrañar la trama urdida, presuntamente, por los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del secretario Ojeda, en la que Solano habría sido un operador destacado. El Jefe Warrior descifró los principales engranajes de lo que hoy se conoce como huachicol fiscal, un saqueo que habría costado al erario más de 600 mil millones de pesos.
Sabía que podía ocurrirle lo mismo que en Veracruz y, aun así, denunció. Expuso sus hallazgos ante el área de inteligencia y después, de viva voz, ante el secretario Ojeda, quien le pidió ponerlo todo por escrito. Otra vez lo castigaron: lo mandaron a Puerto Chiapas como subinspector administrativo.
Guerrero Alcántar no cedió. Desde Puerto Chiapas consiguió una cita con el nuevo secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales, y también a él le presentó su reporte sobre la conspiración de huachicoleros que operaba desde dentro de la Semar.
Fue el último gesto de honestidad del Jefe Warrior. Menos de un mes después, mientras pasaba unos días en Manzanillo para la boda de un sobrino, dos sicarios lo balearon para callar su voz. ¿Quién los contrató? Un reporte de inteligencia de la propia FGR apunta al Capitán Sol, y la Fiscalía ha pedido órdenes de aprehensión contra los hermanos Farías Laguna por ese crimen.
La Marina fue la dependencia con mejor reputación del Estado mexicano. Hoy, por obra de esta red, sus bonos están devaluados. La historia del Jefe Warrior y del Capitán Sol cuenta las contorsiones de una institución que, para recuperar su estatura, tendrá que poner algún día a cada personaje de esta trama en el lugar de la historia que le corresponde.
