El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, evidencia una crisis que afecta a los municipios en México.
Este hecho, lejos de ser aislado, se suma a una preocupante estadística: en los últimos nueve años han sido asesinados 106 alcaldes, diez de ellos en el actual sexenio.
Aunque el discurso oficial presume avances en seguridad, la realidad para los gobiernos municipales es adversa: son los más cercanos a la ciudadanía, pero también los más desprotegidos frente a la violencia.
La tragedia de Manzo es especialmente significativa porque, pese a que solicitó apoyo federal en reiteradas ocasiones y denunció la presencia de crimen organizado en Uruapan, la respuesta fue el silencio y la omisión.
Su muerte, ocurrida durante una festividad pública, representa la impotencia de las autoridades locales que gobiernan sin recursos ni respaldo.
La vulnerabilidad de los municipios mexicanos se explica por tres factores principales.
Primero, la falta de cuerpos policiacos confiables y bien equipados.
Segundo, la dependencia casi total de transferencias federales, lo que limita la autonomía y capacidad de acción.
Tercero, la debilidad administrativa, resultado de la escasa profesionalización de sus funcionarios.
Este vacío institucional es rápidamente ocupado por mafias, que extorsionan, imponen “impuestos” ilegales y hasta deciden quién gobierna.
Sin embargo, no toda la nación está condenada a este destino.
El ejemplo de Coahuila destaca como una excepción, gracias a su modelo de coordinación entre fuerzas de seguridad, inversión sostenida en tecnología y capacitación, y una política de Estado que prioriza la seguridad.
Los resultados son tangibles: mientras en muchas zonas del país reina el caos, en Coahuila se mantiene la estabilidad, permitiendo que los alcaldes gobiernen sin escoltas y la población viva sin miedo.
Este caso demuestra que la voluntad política y una estrategia integral pueden revertir el panorama, y que México necesita replicar y adaptar estas buenas prácticas a las particularidades de cada región.
La situación de los alcaldes refleja no sólo un grave problema de inseguridad, sino una crisis estructural de gobernabilidad local.
Como primera línea de contacto con la ciudadanía, enfrentan tanto demandas legítimas como amenazas delictivas.
Esto genera un ambiente de zozobra, donde ejercer el cargo se convierte en una actividad de alto riesgo, y la impunidad envía un mensaje desalentador que debilita la democracia municipal.
Por ello, urge replantear la relación entre los tres niveles de gobierno, fortalecer la protección de los alcaldes y profesionalizar las policías municipales.
El objetivo debe ser reconstruir el tejido institucional y social, y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
