México necesitaba una ley fuerte contra la extorsión. Las víctimas lo pedían, los empresarios lo exigían y los agricultores lo suplicaban.
La extorsión no solo roba dinero: roba tranquilidad, proyectos, oportunidades y vidas.
Cada llamada amenazante, cada “cuota” impuesta por los criminales, representa una derrota del Estado frente a la delincuencia.
Por eso, cuando se presentó la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, había esperanza.
Era una buena propuesta, impulsada originalmente por el PAN, con sanciones severas para quienes, desde el poder público, se convirtieran en cómplices de este delito.
Pero, como ya es costumbre, Morena la descompuso. En el último momento, la mayoría oficialista decidió reducir las penas de prisión para policías, ministerios públicos y funcionarios que encubran a extorsionadores.
Lo hizo con el pretexto de la “proporcionalidad”, como si traicionar la confianza ciudadana no fuera una de las peores formas de corrupción.
Lo que nació como un instrumento sólido contra el crimen, terminó convertido en un mensaje de impunidad para quienes deberían defender la ley.
El contraste es brutal: mientras las víctimas viven con miedo a contestar el teléfono o abrir sus negocios, el gobierno envía señales de tolerancia hacia los criminales y hacia los servidores públicos que los protegen.
Solo en el primer semestre de este año se registraron 5 mil 880 víctimas de extorsión en México, un incremento del 83% en la última década, según cifras oficiales.
Y aun así, Morena prefirió recortar las sanciones en lugar de fortalecerlas.
Desde el PAN advertimos el riesgo de liberar delincuentes y de premiar la complicidad institucional.
Un Estado que suaviza las penas a los corruptos está renunciando a su deber de proteger a los inocentes.
La extorsión no se combate con discursos ni con leyes a medias, sino con determinación, recursos y castigos ejemplares.
Aprobar una ley que suena bien, pero que huele mal, es condenar a México a seguir atrapado entre el miedo y la impunidad.
Los ciudadanos merecen un gobierno que los defienda, no uno que legisle para sus cómplices.
Porque mientras Morena protege a los encubridores, el crimen avanza, y las víctimas siguen esperando justicia.
