La fabricación de impunidades en México encontró en el asesinato del contralmirante Fernando Guerrero Alcántar una de sus cúspides más escarpadas. Nos está tocando observar en tiempo real y continuado el mecanismo mediante el cual los crímenes en México no merecen castigo, sobre todo cuando se cometen desde las encumbradas esferas del poder.
El jueves por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió la pregunta expresa de la prensa que “no existen líneas de investigación contra el secretario de Marina… está abierta una línea de investigación relacionada con el huachicol fiscal, pero no contra los mandos navales actuales o anteriores”.
De esta expresión se entiende que el tema principal de la indagatoria a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) sea el llamado “huachicol fiscal” y no así el homicidio del contralmirante Guerrero, el cual no podría investigarse a cabalidad sin incluir con la gravedad necesaria las declaraciones de Rafael Ojeada Durán y Raymundo Pedro Morales Ángeles, ex secretario y actual secretario de la Marina.
Por más importante que parezca el delito cometido por la red de delincuencia organizada que lideraron los hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna, ambos altos mandos de la Marina en el pasado, resulta agraviante que sea condenado a la irrelevancia el asesinato del antiguo director general de recaudación aduanera de esa secretaría.
Ciertamente, el quebranto a la hacienda pública es enorme –se habla de más de 600 mil millones de pesos– pero este no se habría dado a conocer sin la denuncia presentada por Guerrero Alcántar, que pocos meses después lo llevaría a la tumba.
En efecto, el contralmirante Guerrero fue el primero en descubrir y documentar una serie irregular de actos relacionados con el contrabando de combustible. También delató a los hermanos Farías Laguna por colocar en puestos clave de las aduanas portuarias a una red de cómplices que ayudaron a orquestar el tremendo desfalco.
La FGR cuenta con una carta manuscrita de Guerrero Alcántar, fechada el 14 de junio de 2024, en la cual se relatan a detalle los hechos, se señalan nombres, se proporcionan fechas y se enumeran pruebas.
Adjunta a este documento se encuentra la grabación de una reunión sostenida, entre otras personas, por el exsecretario Ojeda y el contralmirante Guerrero; el mismo registro que esta semana fue dado a conocer por los periodistas Sebastián Barragán y Juan Omar Fierro en el portal de Aristegui Noticias.
Después de escuchar los diecinueve minutos de dicha conversación no puede desvincularse el asesinato del contralmirante, ocurrido cuatro meses después, de los informes presentados por Guerrero Alcántar al almirante Ojeda, también en junio de 2024, y al almirante Morales, en octubre de ese mismo año.
¿Por qué entonces ambos mandos navales han sido excluidos de las investigaciones? Pareciera que al borrar el asesinato de Guerrero Alcántar de la ecuación se busca ocultar la probable responsabilidad penal de Ojeda y Morales en el mismo asunto.
No infiero aquí que estén vinculados directamente con su asesinato, no obstante serían responsables por no haber tomado las decisiones más obvias para investigar la denuncia, proteger al denunciante y, una vez ocurrido el homicidio, reconocer la relevancia que este trágico evento merecía.
El artículo 19 de la Constitución, el código penal federal y la ley federal contra la delincuencia organizada sirven para definir el asesinato de Guerrero Alcántar como un homicidio calificado de alto impacto porque se cometió por motivos relacionados con los cargos que había ocupado y seguramente también como represalia por las declaraciones realizadas ante el alto mando naval.
Con la muerte de Guerrero se buscó obstaculizar las investigaciones que iban a venir semanas más tarde, las cuales terminarían por desmantelar el esquema a partir del cual se orquestó el contrabando de combustible y el lavado de los ingresos obtenidos por este multimillonario negocio.
A las leyes mexicanas es necesario sumar las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que son aplicables dentro de nuestro sistema judicial. Este órgano internacional advierte que cuando un servidor público es asesinado por cumplir con su deber –especialmente si combate temas de corrupción y crimen organizado– el Estado ha de investigar con diligencia debida y reforzada, debe considerar el móvil como agravante y tiene que analizar si existió responsabilidad por omisión de la cadena de mando y penalizar si no se brindó protección.
Si se juzga la actuación de Ojeda y Morales bajo la lupa de estos argumentos se aprecia nítidamente el equívoco de sus respectivas actuaciones. El almirante Rafael Ojeda quedó exhibido en la grabación: ahí propone al contralmirante Guerrero la posibilidad de cerrar los ojos frente a la denuncia presentada; (quizá si Guerrero hubiera elegido esa opción hoy seguiría con vida).
Luego, no existe registro de que Ojeda haya ordenado investigar la red de corrupción comandada por los Farías, sus sobrinos políticos. En cambio, degradó a Guerrero Alcántar, quien pasó de ser director de aduanas a nivel nacional para convertirse en subinspector administrativo de la región naval de Puerto Chiapas. Es decir que, en vez de ordenar un protocolo de protección, Ojeda envió un mensaje para desalentar a Guerrero respecto de su actuación como denunciante.
El primero de octubre de 2024 el almirante Ojeda fue relevado por el almirante Morales quien recibió, diez días después, a Guerrero Alcántar en su oficina. Trascendió que en esa reunión el denunciante volvió a presentar el informe sobre la red criminal.
Nada sucedió, sin embargo, después de esta otra visita. Los sobrinos de Ojeda permanecieron en sus puestos, a Guerrero se le mantuvo castigado en Puerto Chiapas y el protocolo de protección continuó ausente.
A lo anterior se suma la posibilidad de que los asesinos del contralmirante hayan dado con él, mientras tomaba unos días de descanso en Manzanillo, gracias a informaciones que estaban en manos de los altos mandos de la Secretaría de Marina.
A las responsabilidades de Ojeda y Morales habría que añadir la negligencia del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien, conociendo desde noviembre de 2024 el informe y la grabación proporcionadas por Guerrero, decidió no investigar a los almirantes. Lo mismo estaría haciendo ahora Ernestina Godoy, de acuerdo con las declaraciones de la presidenta Sheinbaum.
Los delitos, como los pecados, no solo se cometen por acción, sino también por omisión. Preguntarse por los motivos de esta larga cadena de omisiones obliga a poner la mirada sobre la fabricación de impunidades que en nuestro país hacen que el crimen no encuentre nunca castigo ni solución.
