Hace un par de meses fue suspendida la jueza federal, Mónica Iliana Chapa, por impericia y autoritarismo. Días antes impuso una multa de dos millones de pesos a una abogada defensora que, en audiencia, exhibió sus errores.
La historia quedó registrada en las cámaras del juzgado. Durante el desarrollo de una audiencia, la abogada hizo ver a la jueza Chapa que estaba conduciendo mal las etapas del proceso bajo su responsabilidad y que eso afectaba a su cliente. En revancha, la juzgadora sobrereaccionó con un castigo desproporcionado.
Este episodio sirve para ilustrar una realidad tan notoria que, a un año de que se aprobara la reforma judicial, se asoma ya por todas partes: la ineptitud profesional de muchas de las personas elegidas como juzgadoras mediante el mecanismo de los acordeones.
Desde un principio fue evidente que, por el diseño de la propia reforma, los puestos en juzgados y tribunales serían obtenidos gracias a los conocidos más que a los conocimientos.
Hoy la justicia mexicana está pasmada. Trátese de temas relacionados con la patria potestad, la custodia de menores, los alimentos en un juicio de divorcio, o bien el cierre de una instrucción, un trámite de amparo o la admisión de cualquier recurso, prácticamente todos los asuntos que se encuentran sobre el escritorio de las nuevas personas juzgadoras están sufriendo dilaciones graves.
La explicación de esta tardanza es la misma: inexperiencia. Tienen las personas juzgadoras miedo a tomar decisiones sobre cuestiones que desconocen. El caos en el sistema judicial permea como la humedad. Salta igualmente a la vista una disminución de las capacidades del personal de apoyo: secretarías, actuarías, mecanógrafos y una lista larga de responsabilidades clave fueron también diezmadas por la reforma.
Al secar los fideicomisos que financiaban las prestaciones del personal judicial –sin crear mecanismos alternativos que entregaran certidumbre al funcionariado– se lesionó el ambiente de trabajo en la mayoría de los tribunales.
A lo anterior se sumó el efecto desmotivante que implicó la fractura de la carrera judicial, así como los malos salarios, las condiciones materiales castigadas y los abusos respecto al horario laboral.
Estamos ante el peor de los escenarios: personas juzgadoras sin conocimientos y personal de apoyo muy desgastado. Ayer mismo se vivió un episodio que vuelve a poner esta situación bajo la lupa: personal del Poder Judicial de CdMx volvió a tomar la calle para protestar contra las condiciones materiales injustas que rigen su desempeño cotidiano. Este hecho no es solo responsabilidad del tribunal capitalino, sino de una deficiente dotación de recursos para asegurar una impartición adecuada de la justicia.
La confabulación de estos hechos desafortunados prendió ya las alarmas. La promesa original fue acercar la justicia a la gente, pero ocurrió lo contrario. Hoy, para hacer avanzar cualquier cuestión, es necesario tener conocidos dentro del sistema o, en caso contrario, echar mano del soborno para mover instituciones que están al punto del colapso.
No es cierto que logró ponerse un alto a la corrupción. Las víctimas de la justicia se quejan de la deshonestidad multiplicada. No quiere decir que antes los trámites estuvieran exentos de vicios, el problema es que ahora, hasta la más insustancial de las diligencias, requiere resolverse a billetazos, como se dice popularmente. Lo que previamente implicaba otorgar una propina, hoy se tasa por el volumen y la importancia del expediente en litigio.
En este contexto es que debe ser leída la declaración pública del presidente de la comisión de justicia del Senado, Javier Corral Jurado, a propósito de la necesidad de revisar la reforma judicial.
“Estamos obligados, dijo el legislador el jueves de esta semana, a analizar qué ha pasado. A la luz del primer año podemos hacer una evaluación; sobre todo para asegurar perfiles y obligar a las entidades federativas… para que también lo hagan. Porque donde más se han generado (problemas) es en las entidades, ahí fue donde los gobernadores se sirvieron con la cuchara grande y pusieron a quien quisieron y estamos pagando las consecuencias”.
Esta declaración resonó con mucha fuerza ya que quien la emitió ocupa un lugar destacado dentro de la coalición gobernante. Si estas mismas palabras las hubiera dicho un político de la oposición, la consecuencia habría sido trivial.
Corral no está hablando únicamente por él, sino por una serie de voces, dentro de Morena, conscientes ya de la crisis provocada por la reforma y también sobre el plazo muy corto con el que se cuenta para revertir sus peores implicaciones.
No importa cómo vaya a llamarse –“contra-reforma”, “reforma de la reforma” o, “profundización de la reforma”– en cualquier circunstancia este ejercicio tendría que celebrarse, a más tardar, antes de que se lleven a cabo las elecciones federales del año próximo. Nada asegura que después de esa fecha Morena vaya a conservar la mayoría que le permitió cambiar la Constitución.
A este reloj político se superpone otro: la revisión del T-MEC prevista para junio de 2026. Sería muy conveniente que tanto el análisis como la propuesta de cambios se presentaran antes de ese evento, porque de otro modo van a ser percibidas como respuesta a una imposición venida del extranjero.
Atendiendo al pronunciamiento de Corral, cabría prever que la nueva agenda de cambios al sistema de justicia se enfocará en los poderes judiciales locales, que son los que atienden alrededor de 80 por ciento de los expedientes que interesan a la gente.
El propósito no sería solo poner límites a los gobernadores, sino también asegurar que sean los mejores perfiles de jueces y magistrados los que accedan a los tribunales. Para ello se tendría que dejar atrás el nefasto mecanismo de los acordeones y, en su lugar, rediseñar correctamente la carrera judicial.
También habrían de fijarse controles muy estrictos para desterrar la corrupción. Así como dotar de un presupuesto adecuado a los tribunales y juzgados para asegurar el desempeño correcto y expedito de un sistema judicial que resulte próximo a la gente necesitada de sus servicios.
Una vez fijados los estándares de la justicia local, sería políticamente posible proceder a la revisión del ámbito federal. De hacerse así, sería la primera vez que se atienda el primer piso de la construcción social antes que las cumbres de la justicia, obsesión recurrente de las élites.
