La institución presidencial atraviesa circunstancias singularmente críticas. Más allá de la frase gastada, a veces hasta interesada, de que “si le va bien a la presidenta le va bien a México” es indispensable fortalecer a la Presidencia. El país vive una situación difícil y la institución política más relevante también. La Presidencia puede aparentar fortaleza, más aún ahora con la concentración de poder, pero no es así. Los dilemas que encara la presidenta obligan a reconocer una nueva realidad que pone a prueba a las instituciones.
Son tres los planos más desafiantes. Primero, el embate del crimen organizado y su penetración en el tejido social, político y económico del país. Segundo, la relación de México con el mundo, particularmente con su principal socio comercial y vecino fronterizo. Tercero, las consecuencias de decisiones propias y del gobierno que le antecedió, que han alterado de manera profunda el entorno y estrechado los márgenes de actuación de la mandataria.
La Presidencia, a pesar de sus dificultades y de las presiones que impone la realidad, es fundamental para el país. No debe soslayarse como problema inicial la falta de claridad entre el liderazgo de la coalición gobernante y las responsabilidades de Estado. La polarización heredada y continuada ha significado que se desatienda esto último y que la ocupación y preocupación del gobierno privilegien al régimen político por encima del interés nacional.
Esto entraña problemas básicos, entre ellos, la visión de la legalidad y de la justicia como variables subordinadas a la gestión política, lo que se traduce, por una parte, en una crisis sustantiva en la certeza de derechos, especialmente cuando la justicia pierde calidad, profesionalismo e imparcialidad; y, por la otra, en la prevalencia de la impunidad, derivada de la incapacidad del régimen para hacer efectiva la igualdad de todos ante la ley.
Para recuperar la institucionalidad del país se requiere fortalecer a la Presidencia en su dimensión de Estado. México lo necesita ante la magnitud de los desafíos que enfrenta. Para ello, se precisa una postura coparticipe que haga de la unidad incluyente un objetivo común, a partir de aquello que nos une como nación.
