Resulta que el hombre más poderoso del planeta no puede pasarles por encima a los jueces. Más allá de que Trump se las apañe para volver a aplicar aranceles a su antojo –tiene a su disposición otras herramientas estatutarias, aunque la implementación de nuevas tarifas, una suerte de venganza personal, será más difícil de tramitar— la postura de la Suprema Corte refleja de clamorosa y ejemplar manera la independencia de los Poderes en la Unión Americana.
Los magistrados le pusieron el alto a un ejercicio de autoridad que no se supeditaba a las normas republicanas: la declaración de un estado de “emergencia nacional” para imponer tarifas impulsivamente, a diestra y siniestra, fue una mera artimaña para que la medida no tuviera que ser aprobada por el Congreso. Ocurre, sin embargo, que los Estados Unidos no están en guerra y que no afrontan en lo absoluto la amenaza de un enemigo a sus puertas, por más que la batalla comercial con China, con otras potencias emergentes o con la propia Unión Europea, necesite de disposiciones proteccionistas, tal y como se está reposicionando el orden mundial en estos momentos.
Hay otro componente en la ecuación, además, que sustentó en los hechos la determinación de los ministros de la Corte: la proclamación misma de la referida “emergencia nacional” por parte del Ejecutivo no le otorga facultades para aplicar impuestos a las importaciones –eso, y no otra cosa, son los aranceles— así que la iniciativa de Trump tuvo fallas de origen desde un primer momento y desde un punto de vista estrictamente legal.
El funcionamiento del orden jurídico en los Estados Unidos sigue siendo simplemente admirable: todo este proceso culminó luego de que algunas pequeñas empresas importadoras recurrieran ante las instancias de justicia para suspender las tarifas que el mismísimo presidente había implementado. Ganaron primeramente el caso ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, luego ante una corte federal de apelaciones en su mismo país y, finalmente, los jueces del supremo tribunal constitucional emitieron un juicio favorable a su demanda.
Mientras tanto, ¿cómo nos encontramos nosotros aquí en México? Pues, un desenlace así es absolutamente inimaginable. Todo el aparato judicial está al servicio y a las órdenes del Ejecutivo, lo mismo que la mayoría espuria que sesiona en nuestro Congreso bicameral. Este modelo, promovido por un caudillo de modos autocráticos, les arrebata a los ciudadanos cualquier facultad de enfrentarse al poder de un Estado, hay que decirlo, sustancialmente débil –no logra siquiera cumplir con la más urgente y primordial de sus responsabilidades, la de brindar seguridad a los pobladores de la nación— pero, a la vez, autoritario y abusador.
La 4T no ha “transformado” la justicia para los mexicanos. La ha sometido.
